Tres compatriotas solicitan lotes chaqueños al Indert, en el lugar denominado Infante Rivarola, distrito de Mariscal Estigarribia (Boquerón), pero ahora enfrentan conflictos con la empresa privada de referencia, de la familia Zapag. Los afectados son Hugo Alejandro Galeano, Deolinda Woroniecki y Dagoberto Marecos.
Según lo explicado, la empresa Cimportex ICSA es dueña de unas 6.863 Ha., que estaban identificadas como finca 10236, padrón 125, de Pedro P. Peña y hoy están en los Registros Públicos como Matrícula 206 Q01, padrón 5212. Ese título, de acuerdo con los datos, fue posicionado a 5 km del lugar que indican las coordenadas originales del inmueble, específicamente, encima de una parte de los tres lotes fiscales solicitados por los compatriotas.
Relataron que en el año 2005, se elaboró un plano con base en un informe pericial georreferenciado, según expediente 15380/05, que la misma empresa había promovido y el resultado fue que la propiedad estaba efectivamente en Pedro P. Peña. Pero en 2014, a través de una medición tachada de nula, la firma posicionó su título a 5 kilómetros. Pese a las irregularidades, esta mensura fue inscripta en los Registros Públicos, tras la aprobación de Geodesia del MOPC.
Según los denunciantes, el Ing. Luis Quesnel, jefe de Geodesia, avaló la mensura con datos falseados, a través de la Res. 002/2016 del 4 de agosto del año en curso. También fue cómplice el perito del Indert, Ing. Juan Pineda, dijeron.
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Datos manipulados
“Averiguamos que en el curso del corriente año, la firma Cimportex manipuló a través de sus representantes legales, convencionales y personeros, malintencionadamente los mojones y los rumbos magnéticos del inmueble de su propiedad, finca con matrícula 206 Q01 Padrón 5212, desplazando a 5 km de sus mojones originales sobre la calle pública Nº 19 e invadiendo inclusive territorio boliviano”, señala la denuncia fiscal que fue radicada por los afectados. Señalan producción de documentos no auténticos, alteración de datos, manipulación de graficaciones técnicas, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y otros hechos punibles, contra personas innominadas y representantes de la empresa de los Zapag.
Sin respuesta de entes
Resaltaron en visita a ABC que los Zapag pretenden hacerse de tierras públicas “de forma violenta, bajo amenaza y coacción, usando su poder económico e influencias”. Además de denunciar el atropello ante el Ministerio Público, lo hicieron administrativamente ante el Indert y el MOPC, así como la Procuraduría General de la República. Pero no han recibido respuestas de ninguna de estas instituciones.
Mencionaron que a fines de 2015, la empresa Cimportex fue con topadoras a atropellar los inmuebles, realizó trabajos de alambrados y ocupó parte de los lotes fiscales. Por ese motivo, solicitaron un interdicto de retener la posesión, que les resultó favorable.
Los compatriotas afectados solicitan ahora la aprobación de la segunda mensura judicial, llevada adelante este año por el agrimensor topógrafo Gustavo Caballero Riveros.
Además de los afectados, visitaron ABC el Dr. Alfredo Wagner, el Ing. Francisco Casco, Abog. Jeni Gómez y la técnica de campo Mariela Ramírez.