El interventor de Acepar y los chinos firmaron otro acuerdo

El administrador judicial de Aceros Paraguayos (Acepar), José Luis Vinader, firmó un nuevo acuerdo con el representante de la empresa china Henan Complant Mechanical & Electrical Equipament Group (HCME), Si Molina Jianxun. Esta vez fue ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el miércoles último.

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El primer punto del acuerdo señala que la empresa china se compromete a saldar las obligaciones pendientes del mes de noviembre con los funcionarios (bonificación familiar, Instituto de Previsión Social y horarios adicionales, nocturnos y viáticos).

Así también, se compromete a abonar los salarios correspondientes al mes de diciembre, dentro de los primeros días del mes de enero del próximo año, sujeto a la apertura de cuatro cuentas bancarias para los 570 funcionarios de la acería.

En el último y tercer punto, Acepar se compromete a gestionar los fondos para el pago del aguinaldo 2018 y la firma HCME se obliga a la devolución de la mitad del monto total (por seis de los doce meses que le corresponde).

Rubén Garay, uno de los líderes sindicales de Acepar que viene quejándose de los retrasos en los pagos de los haberes y al IPS, calificó de “vergüenza” e “ilegal” el acuerdo firmado. El sindicalistas tampoco cree que se vaya a aplicar el acuerdo como ya ocurrió anteriormente, con el incumplimiento del contrato de arrendamiento.

Según los datos, desde agosto, mes en que tomaron la administración de la acería los chinos, incumplieron los compromisos asumidos con el argumento de problemas por la falta de relaciones diplomáticas con China.

Nuestro diario publicó hace un par de semanas la comercialización de las pocas chatarras y residuos industriales que quedan en la planta de la acería en Villa Hayes para cubrir el salario de los funcionarios. Este dato había sido confirmado por el interventor Vinader.

Varios sectores cuestionaron este hecho, porque el pago salarial debía correr por cuenta de los inversores chinos desde el momento en que firmaron el contrato con el administrador judicial.

La acería fue explotada hasta diciembre de 2017 por la empresa brasileña Vetorial, que dejó una abultada deuda de alrededor de US$ 20 millones en concepto de alquiler de la fábrica, por consumo de electricidad, impuestos a la Subsecretaría de Tributación y la Administración de Aduanas, etc.

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