El consorcio C&D-ELC (Enrique De Beitia) fue adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para hacerse cargo de la fiscalización de las rutas 2 y 7, cuya ejecución arrancará en mayo del próximo año, según reveló ayer a nuestro diario la Ing. Claudia Centurión, directora de Proyectos de la citada repartición estatal.
La oferta presentada por el consorcio adjudicado es de US$ 8,5 millones y para darle este contrato, el MOPC tuvo que descalificar las propuestas de dos empresas que previamente aparecían como “favoritas”, pero que tenían denuncias ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Una de las ofertas descalificadas (de US$ 10,2 millones) pertenece al consorcio Typsa-Caen. Typsa es la compañía que por un contrato con la adjudicada para las obras (Sacyr-Ocho A-Mota Engil) se estaba haciendo cargo del diseño de la misma, y pretendía fiscalizar lo que ella misma diseñó.
En el otro caso se estaba ante la oferta de un grupo que tenía denuncias de haber acreditado como experiencia un supuesto contrato que nunca tuvo en Brasil. Se trata del consorcio Concretmat, cuya oferta era de US$ 7,6 millones, y contra el que también había una investigación en la DNCP.
Ayer hicimos una consulta justamente a la DNCP preguntando por el estado de este proceso y hasta entonces no se habían enterado de la adjudicación.
Con relación al grave hecho de que el diseñador de la obra se presentara con intenciones de fiscalizar la misma, el director jurídico de la DNCP, Luis Godoy, respondió que el Art. 40 de la ley que les rige prohíbe la presentación de ofertas a personas físicas o jurídicas que quieran fiscalizar obras que otros miembros del mismo grupo empresarial se encuentren ejecutando.
El MOPC adjudicó la obra sin esperar la resolución de Contrataciones Públicas sobre las pesquisas abiertas.
Llama también la atención que los dos oferentes con denuncias e incompatibilidades hayan obtenido una puntuación técnica que les permitió pasar a la siguiente etapa: la de la apertura de sus sobres con ofertas económicas. Hay versiones de que la adjudicación será impugnada por oferentes descalificados en la etapa técnica.
La obra en cuestión
Con una inversión de casi US$ 520 millones, y una sola oferta de por medio, el 13 de marzo de este año el MOPC firmó contrato con el consorcio Sacyr-Mota Engil-Ocho A para el diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de 142 km de las rutas 2 y 7 (Ypacaraí-Pastoreo), la primera bajo la Ley 5102 (alianza público-privada/APP). La explotación será por 30 años.
Incluye duplicación de calzada, 5 circunvalaciones y 3 viaductos para canalizar el tránsito en zonas suburbanas. El plazo de ejecución es de 30 meses, más 6 meses de preconstrucción.