A través de una nota, el Sindicato de Empleados y Obreros de la Dinac (Seodinac) solicitó ayer al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, documentos relativos a la licitación para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, en el marco de la denuncia penal que preparan contra los miembros del comité de evaluación, a quienes acusan de avalar la permanencia de Sacyr SL en competencia, violando la ley de APP y el pliego de bases y condiciones de la licitación.
Durante esta semana algunos documentos también fueron solicitados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por nuestro diario, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta y, de hecho, desde que saltaron los cuestionamientos hacia este proyecto la cartera ha retaceado información a la opinión pública.
Los documentos solicitados por ABC tienen que ver con los ratios de endeudamiento permitidos, que algunos oferentes denunciaron que Sacyr SL no cumple, así como el análisis de precios de las obras, considerando que el monto estimado por el MOPC (unos US$ 150 millones) quintuplica el que años atrás fue estimado (US$ 30 millones) por un plan maestro hecho por la propia Dinac, con el asesoramiento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Dictamen compromete a funcionarios
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uno de los documentos solicitados por Seodinac es la copia del dictamen de la Asesoría Jurídica del MOPC por el cual se habilitó a la empresa española Sacyr SL a continuar dentro del proceso, aún cuando sus antecedentes de incumplimiento son causal de descalificación directa.
El dictamen tiene la firma del asesor jurídico Dionisio Mereles y fue hecho a pedido de Claudia Centurión, directora de Proyectos Estratégicos del MOPC.
En ese documento, en el que se escuda el ministerio para mantener en competencia a Sacyr SL, la cartera niega que esta empresa tenga vinculación con la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto de Murcia (España), que incumplió su contrato. Paradójicamente, los mismos representantes de Sacyr reconocen que sí hay vinculación, al tener el 67% de las acciones de dicha sociedad.
Todo el proceso de evaluación se encuentra paralizado, mientras prosigue una auditoría de la Contraloría a la licitación.