En nombre del “relevamiento de datos” en colonias del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), tanto esta administración de Justo Cárdenas como las anteriores han despilfarrado millones de dólares sin lograr los objetivos anunciados oficialmente.
El anterior censo agrícola quedó suspendido luego de que una auditoría encontrara una serie de irregularidades, entre las que se destacó el uso de más de G. 700 millones sin documentación que pueda avalar esa ejecución. Los trabajos estuvieron a cargo de la ONG Adepo, representada por Hugo Pereira.
De acuerdo con los datos oficiales, el proyecto tenía un presupuesto total de G. 18.000 millones, pero se hallaron anomalías en el primer desembolso, de G. 7.500 millones.
Para la realización del censo de referencia, que llegó sólo hasta San Pedro, Adepo se había comprometido, entre otras cosas, a georreferenciar 223.225 lotes, pero en cinco meses alcanzó apenas 1.600 lotes. También se había comprometido al relevamiento demográfico y socioeconómico de 1.140 colonias, pero hasta la paralización alcanzó sólo unas 40 colonias.
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Similar historia se tiene en la actualidad con el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), iniciado en la administración de Cárdenas con Hugo Jiménez Recalde como asesor y Zulma Gómez como gerente. Según los antecedentes del SIRT, fue lanzado a mediados de 2014 con la promesa de reunir en un mapa georreferenciado toda la información sobre las colonias campesinas, para que esté disponible en la web.
El SIRT estuvo financiado por el Indert a través de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por medio del cual se relevaron y georreferenciaron datos de 25 colonias campesinas de Caaguazú, Canindeyú y Caazapá. El costo inicial fue de US$ 400.000 y a inicios de 2015, habían prometido llegar a las 1.100 colonias en dos años más, es decir, para finales de 2017, que implicaría otros US$ 4,5 millones de desembolso.
Sin embargo, aunque el dinero fue ejecutado, a la fecha los resultados están lejos de esas cifras, de acuerdo con una denuncia penal recientemente presentada en la Fiscalía de Delitos Económicos. Los documentos indican que, pese a recibir los casi US$ 5 millones en total para el censo SIRT, se relevaron datos de apenas 222 colonias de un total de 993 anunciadas.
Es decir, no se llegó ni a la tercera parte de la meta prometida. Por eso, en el escrito presentado contra personas innominadas del SIRT y del Indert ante la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, el abogado denunciante, Hugo Waldino Lovera López, hace referencia a una “presunta malversación de fondos públicos” (ver facsimilar).
En conversación con nuestro diario, Lovera dijo ayer que iniciará una investigación exhaustiva de todos los campesinos perjudicados por el censo agrícola, ya que además de las anomalías denunciadas, este proyecto se ha utilizado como herramienta de persecución, según coinciden también los gremios del sector agrícola.
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