El 28 de abril pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que conduce la licitación para un tramo de la denominada “ruta bioceánica”, modificó el pliego en detrimento de los intereses del Estado, eliminando la declaración jurada de integridad, que era un documento obligatorio hasta ese momento, según pudimos comprobar en estos días. La declaración en cuestión establecía la obligatoriedad de declarar si se estaba o no comprendido en alguna de las inhabilidades previstas en la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”.
El Art. 40 de la Ley de Contrataciones Públicas, al cual hacía mención la declaración ahora excluida por el MOPC, establece que “no podrán ser oferentes ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades los funcionarios públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación; los oferentes a quienes por causa administrativa se les hubiere rescindido más de un contrato; los proveedores y contratistas que se encuentren en mora; empresas o personas que tengan convocatoria de acreedores o quiebra; los participantes que presentan más de una oferta en un proceso de contratación, entre otras causas.
Es decir, esta declaración, establecida en la propia Ley de Contrataciones Públicas, busca evitar “paracaidistas” en las licitaciones, como comúnmente se llama a aquellas empresas con malos antecedentes que contraen compromisos que después no pueden cumplir.
Para conocer la versión del MOPC sobre la sospechosa eliminación de este requisito que busca proteger los intereses del Estado nos comunicamos ayer con la ingeniera Claudia Centurión, directora de Proyectos Estratégicos, pero no respondió las llamadas a su celular con terminación 969.
En otras licitaciones con régimen de financiamiento privado, las APP del aeropuerto y de las Rutas 2 y 7, se comprobó en una auditoría de la Contraloría que el oferente Sacyr había mentido en su declaración jurada de integridad. En estos casos el Ministerio, cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, no solo no descalificó a Sacyr por haber mentido, sino que le “fabricó” un dictamen para que siguiera en carrera, negando tales antecedentes y afectando a otros oferentes.