Cuando José Alberto “Icho” Planás fue designado ministro de Obras por Decreto N° 2279 del Poder Ejecutivo, procedió al llamado MOPC Nº 7/99 ad referéndum de “precalificación y licitación pública nacional de empresas constructoras especializadas en obras viales, para la realización de obras de pavimentación tipo empedrado de varios tramos camineros del país”, financiados con un préstamo de US$ 30 millones del Eximbank de Taiwán.
Un primer informe de Contraloría reveló que la disponibilidad presupuestaria para el programa chino era G. 28.000.000.000, pero que el monto total de las adjudicaciones trepó a G. 161.201.206.951, es decir, existía una diferencia de G. 133.201.206.951, que significa un 375,7% más sobre la cantidad prevista para estas obras.
Vale decir que los contratos firmados por el entonces titular del MOPC ascendían a la suma de US$ 55.471.729, es decir, US$ 25.471.729 más de lo presupuestado o legalmente autorizado, irregularidad inicial que anunciaba la paralización de las obras.
A ello habría que agregar la compra directa e irregular de 12 lujosas camionetas 4X4 cuyo destino nunca se supo, y como las empresas no recibirían un pago directo por estas camionetas, estaban autorizadas a “inflar” el costo de las obras para cubrir el importe de los rodados.
El tramo Paso Yobái-Colonia Independencia, de 22 km, del paquete 7, fue una de estas obras adjudicadas a Benito Roggio e Hijos SA.
El monto presupuestado fue G. 4.261.564.570, luego como el MOPC autorizó un incremento de 30,49% trepó a G. 5.560.857.492. El monto del anticipo a la firma del contrato fue G. 834.128.624.
La cantidad certificada hasta octubre/2000 N° 7 fue G. 1.277.671.523 (un avance de obra del 30%), que sumado a G. 373.244.028 por reajuste de precios hizo un total de G. 2.485.044.175.
Según la empresa construyó 143.000 m2 de empedrado, y según el MOPC 21.612,64 m2, pero el primer informe de Contraloría basado en una verificación in situ constató la ejecución de solo 6.500 m2 (menos de 1 km), lo que frenó el pago de los certificados pendientes.
Contraloría al rescate
Un segundo informe de Contraloría, basado en el muestreo del 58% de los certificados emitidos, y acorde a los rubros elegidos, la cantidad ejecutada fue 23.857,8 m2.
Este informe liberó hasta el pago del certificado N° 9 de G. 922.163.485, lo que hizo un total de G 3.407.207.660, que restando G. 250.238.587 por recupero de anticipo, el total percibido por la empresa (basado en el segundo informe) fue G. 3.156.969.073, obligando al Estado paraguayo a emitir bonos del tesoro para cubrir estos pagos.
La historia continúa
Pero la historia continuó; como la obra fue adjudicada nuevamente a la empresa Sigfredo Felman por G. 40.000.000.000, a lo que habría que sumar un 15% que se dará por ajuste de precios, la obra podría terminar costando cerca de G. 49.156.969.073.
Vale decir que el costo de este empedrado podría rondar G. 2.234.407.685, que al tipo de cambio actual sería US$ 500.000 el km, el mismo costo de una carretera asfaltada.
Los rescatadores
Para el segundo informe que liberó los pagos el contralor liberal, abogado Francisco Javier Galiano Morán, dispuso una verificación física in situ, en el marco de las Resol. CGR N° 687/0 y 519/01, para lo cual designó dos equipos de auditores liderados por el licenciado Antonio Cristaldo Albospino y el ingeniero Atilio Perazzo Bisso.
Como el “nuevo” informe resultó favorable a las empresas y de hecho “posibilitó” que se cancelaran todas las deudas pendientes de estas construcciones, los auditores que emitieron el informe revelador que desnudó el negociado de los “empedrados chinos” fueron despedidos.
De hecho, gracias a la “miopía” de estos funcionarios auditores, el MOPC procedió a cancelar las deudas pendientes de un grupo de estas obras por G. 17.543.040.324 (casi 5.300.000 dólares al cambio de la época), con base en mediciones in situ y un muestreo selectivo (muestreo de muestreo), a pesar del estado calamitoso en que se encontraban muchas de las obras, y que además debían ser reconstruidas en su totalidad, lo que acarrearía un mayor endeudamiento para el erario público.
Auditoría de escritorio
Sorprendentemente también fueron liberados otros G. 16.804.841.815 (US$ 5.080.000 al cambio de la época) para cancelar las deudas pendientes de otro paquete de obras que no fueron “seleccionadas” para su verificación física en el terreno y que algunas se encontraban colapsadas.
Los casos más notorios fueron la pavimentación de la Ruta IV San Ignacio-Pilar y el ramal de la Ruta IX Concepción-Pozo Colorado, dos de las peores obras construidas en la región.
En efecto, en el punto 3.3, Composición de los Créditos Presupuestarios, del informe contable elaborado por el equipo de auditores liderados por Cristaldo, en el último párrafo expresa: “Se deja expresa constancia que los proyectos mencionados en el presente informe no han sido verificados in situ, puesto que no cayeron dentro de las muestras para la verificación física” (¡?).