Consultado sobre el estado de las negociaciones entre el sector privado y el fisco, el titular de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), que aglutina a la UIP, ARP, CIP y otros gremios, manifestó que los técnicos del sector privado y los de Hacienda acordaron la mayoría de los temas principales. “Creemos nosotros que si en la redacción final se refleja lo que se ha discutido y a lo que se ha llegado (el acuerdo alcanzado el viernes último), vamos a obtener un proyecto de decreto que va a cumplir con la necesidad que tenemos nosotros y también va a satisfacer, de alguna manera, al Gobierno en su labor recaudadora”, expresó el dirigente empresarial.
Preguntado cuáles son los puntos acordados, Felippo respondió: “Son los mismos que se plantearon desde el principio. Por ejemplo, el tema de la deducibilidad de las inversiones; o sea, lo que uno pueda invertir o no. Además, hay un tema que en la ley original que se presta para que se cometan errores o dolos, y eso también se está tratando de arreglar”. Añadió que “en principio” no habría “ningún inconveniente” por parte de Tributación de que se pueda agregar todo lo relacionado a la cuestión de la deducibilidad en la compra de acciones y cualquier otro tipo de inversión que el contribuyente quiera realizar, siempre y cuando se justifiquen. “Realmente, más que los temas fundamentales en los que prácticamente estamos de acuerdo, ahora estamos discutiendo la redacción”, resaltó.
Requerido si será necesaria otra reunión para observar la nueva redacción, con las modificaciones, Felippo remarcó: “Los representantes del fisco nos han prometido presentarnos la redacción final el próximo martes, y si nosotros estamos todos de acuerdo, quedaría ya en manos del Presidente de la República decidir firmar o no el decreto”.
Los gremios creen que un acuerdo definitivo entre el sector privado y el Gobierno sobre los cambios necesarios al nuevo reglamento del impuesto a la renta personal evitará, entre otras cosas, la judicialización del tema. Uno de los aspectos más preocupantes para el sector privado es la retroactividad en la aplicación del reglamento, que sería subsanado, así como otros puntos que se habían cuestionado.
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