La semana pasada el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y los titulares de otras instituciones como Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación y la Procuraduría se reunieron con los representantes de varias empresas oferentes del ensanche de las Rutas II y VII, que semanas atrás solicitaron una prórroga de 60 días para presentar sus ofertas. En todas las reuniones, que se realizaron por separado con los representantes de cada una de las firmas, el reclamo respecto a la parte financiera fue el mismo: no hay tiempo suficiente para el cierre financiero.
El cierre financiero refiere al tiempo que transcurrirá entre que se firme el contrato con la que resultará adjudicada y que comience la obra. Durante ese tiempo la empresa o consorcio ganador debe terminar de negociar con el banco financista de la operación, y el tiempo que calculan para este trámite es de unos ocho meses aproximadamente.
En ese sentido, el Pliego de Bases y Condiciones establece un plazo de solo tres meses, para que comiencen las obras una vez que se haya firmado el convenio. Transcurrido ese tiempo, si los trabajos no comienzan para entonces, según el pliego, empezarán a imponer penalidades.
El ministro Jiménez Gaona dijo ayer que lo que el Ministerio solicita a la hora de presentar la oferta es una manifestación de interés formal de algún banco que va a financiar el proceso.
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No obstante, están estudiando si ampliarán el plazo para el cierre financiero de tres a ocho meses (como piden las empresas) y esta misma semana tendrán una definición.
Señaló que considera “razonable” el pedido y agregó que la primera APP que pretenden concretar “es un tire y afloje hasta llegar a un punto en que las empresas estén dispuestas a asumir el riesgo”.
“Estamos hablando de 450 millones de dólares que van a invertir y que van a recuperar a lo largo de 30 años y sobre todo a lo largo de varios gobiernos. Hay que dejar una estructura que haga que los gobiernos que vengan después estén lo suficientemente obligados a cumplir las condiciones originales que permitieron la inversión”, afirmó.
Parte del pago en dólares, no en guaraníes
Otra cuestión que debe ser definida por el equipo que estudia las solicitudes de las empresas es si acceden al pedido de que parte del pago se haga en dólares, no en guaraníes.
“Las Rutas II y VII tienen dos pagos: uno por infraestructura que es en dólares y otro que corresponde a operación y mantenimiento por 30 años que es en guaraníes. Las empresas pidieron que el 50 por ciento de este último se haga en dólares y el resto en guaraníes”, explicó. Ese punto también debe ser definido esta misma semana, antes del viernes.
El plazo de ejecución del contrato de la empresa será de 30 años, tiempo durante el cual tendrá la administración total de las tramos de las Rutas II y VII, que la empresa o consorcio adjudicado tendrá a su cargo ampliar.