En un proyecto presentado al Congreso de su país, la legisladora correntina incluso plantea como alternativa al pago de las compensaciones de Yacyretá la cesión de energía directa a las provincias de Misiones y Corrientes, para revertir su millonario perjuicio.
En los fundamentos del proyecto, la diputada Ferreyra explica que los atrasos en el pago y las erróneas liquidaciones de las regalías que reciben las provincias vinculadas con Yacyretá provocan severos daños al erario de los Estados provinciales.
Sobre la vigencia de la Nota Reversal de 1992 (NR 92), el perjuicio no solo radica en la mala liquidación de las regalías, sino que además esa liquidación se hace con valores inferiores al del kilowatt generado, cuando debería ser su precio y estar acrecentado en función de lo que indica la tarifa. Añade que en ese instrumento diplomático –no ratificado por el Paraguay– se acordó el valor del kilowatt generado a US$ 0,030 a diciembre del año 1991, valor que debe ser ajustado constantemente mediante la fórmula 2 del Anexo C del Tratado de Yacyretá.
“O sea que para el año 2001, ese valor de 0,030 US$ ha adquirido un incremento importante. Sin embargo, este detalle no fue tenido en cuenta por el organismo liquidador de la regalía, como así tampoco lo fue la expresión “tarifa” indicada en la Ley original y se comete el error de liquidar la regalía a 0,019 US$/Kw, para abril del año 2001; que es un valor inferior al valor del Kw generado”, explica Ferreyra.
La legisladora argentina aconseja que para que ambas provincias no deban estar monitoreando los registros de generación y venta de energía de Yacyretá, la solución más viable para que Misiones y Corrientes no pierdan tanto dinero con las actuales liquidaciones de regalías de Yacyretá, es que las mismas se paguen en energía.
La posición paraguaya
Pese a ser rechazado por Resolución Nº 492/1995 del Senado, ese acuerdo sigue siendo aplicado arbitraria e inconstitucionalmente por sucesivas administraciones de la EBY, generando un perjuicio patrimonial sin precedentes al Paraguay, según dictaminó la Contraloría. Existe incluso una denuncia penal en la fiscalía contra las autoridades paraguayas de la EBY que avalaron dicho acuerdo.