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Las fiscalas de la Unidad Anticorrupción Nadine Portillo y Yolanda Portillo plantearon imputación contra Daniel Garay Palacios, exdirector de la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Pilcomayo, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, por el hecho punible de lesión de confianza. La imputación alcanza también a dos fiscalizadores.
El procesamiento es porque a pesar de estar obligado, según la Ley N° 7/92, a adoptar las medidas necesarias a nivel nacional para evitar la colmatación de los canales del río Pilcomayo, no lo ha hecho, lo que impidió que las aguas ingresaran a nuestro territorio, provocando un trágico desenlace para parte de la fauna de la Región Occidental.
Las fiscalas alegan que no se realizaron los estudios técnicos indicados para el efecto. El trabajo que realizó la empresa contratista ha sido empírica, “a ojímetro”, al decir del fiscal adjunto Federico Espinoza, quien al igual que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, participaron de una conferencia de prensa en la que se anunció la imputación.
La Fiscalía sostiene que Garay firmó la factura de pago por G. 1.973 millones a favor del Consorcio La Dorada, representada por Antonio Ortellado Rolón, para la ejecución de los trabajo de limpieza del canal del río Pilcomayo. Fue en el marco de la Licitación Plurianual MOPC N° 37/2014, del que luego se amplió a un monto total de G. 29.887.984.565, a través de cuatro convenios.
Posteriormente, el 28 de octubre de 2014, el Consorcio La Dorada presentó la certificación de Obras N° 1, suscripto por el Ing. Miguel Angel Ferreiraa y el Lic. geólogo Atilio Medina, fiscalizadores de la Comisión del Pilcomayo.
El Ing. Garay, pese a estar en conocimiento de que los fiscalizadores Medina y Ferreira no eran técnicos idóneos para desarrollar ese trabajo, emitió otra factura de crédito por G. 7.286 millones, nuevamente a favor de La Dorada.
Esta empresa recibió otros pagos por G. 4.105 millones, G. 5.969 millones y G. 2.896 millones. También se realizaron otros desembolsos menores, por G. 229 millones, G. 146 millones y G. 156 millones, siempre a favor de La Dorada.
Ferreira y Medina fueron imputados igualmente por lesión de confianza, el primero en grado de autor y el segundo como cómplice.