No en vano el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) llegó a relevar datos de sólo 222 colonias, lejos de las 993 anunciadas. El proyecto del censo agrícola denominado Sistema de Información de los Recursos de la Tierra (SIRT) demandó un presupuesto de US$ 4,5 millones y pese a ejecutarse la totalidad de los fondos en los últimos tres años, no se llegó ni a la tercera parte de la meta.
La explicación podría deberse a que más de US$ 2 millones se despilfarraron en la contratación de supuestos “consultores locales” y “consultores internacionales”. ¿Qué tipo de consultoría y cuál era la función de estas personas? Es una pregunta que no han respondido las autoridades del Indert, presidido por Justo Cárdenas, ni de la dependencia SIRT, cuya gerente es Zulma Sosa y el asesor, Hugo Jiménez Recalde.
A través del censo, el ente agrario se comprometió a recolectar datos, planos y registros que ya obraban en la institución sobre cada lote agrícola de cada colonia; además, la digitalización de los planos, los trabajos en terreno (georreferencia y registros), verificación del perímetro de cada lote, carga de datos, interpretación de los resultados, etc.
“Todos estos puntos mencionados que se realizan a través del proyecto SIRT son los mismos trabajos que venían haciendo los funcionarios técnicos de la institución, solamente con una pequeña diferencia, que para tal trabajo a los funcionarios del Indert nunca se les proveyó de la logística necesaria (equipamiento, movilidad y recursos económicos), como sí se ha proveído al proyecto SIRT”, dice parte de la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público, por aparente desvío de fondos y otros delitos afines.
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Es decir, el planteamiento es que no hacía falta crear una nueva dependencia con la contratación de personal nuevo para llevar adelante tareas que de por sí corresponden al Instituto y para las cuales ya recibe un presupuesto anual (ver facsímil).
La documentación menciona además que el fallido censo se hizo con participación del PNUD, que administraba los fondos supuestamente para asegurar el buen uso de los mismos. El millonario presupuesto destinado por el instituto agrario al proyecto en cuestión incluyó transferencias al organismo externo, por costos directos e indirectos, que rondaron los US$ 300.000.
El PNUD debía realizar una auditoría interna y externa al censo del Indert, pero su trabajo carecería de objetividad porque ambas partes tuvieron intereses que atender. ABC quiso obtener la versión de los responsables del SIRT, pero Hugo Jiménez Recalde no respondió ayer su celular con número terminación 396. Zulma Sosa, en tanto, dijo en un mensaje que el área de prensa enviará un comunicado, pero no lo recibimos hasta el cierre de esta página.
Segundo censo fallido
El SIRT, iniciado en 2014, es el segundo censo fallido que lleva adelante el Indert en los últimos cinco años.
Los antecedentes indican que en el 2013 quedó suspendido un anterior censo agrícola tras una serie de irregularidades detectadas por auditorías en la ejecución del primer desembolso, de G. 7.500 millones.
Esa vez, el Indert había adjudicado los trabajos a la ONG Adepo, representada por Hugo Pereira, que se comprometió, entre otras cosas, al relevamiento demográfico y socioeconómico de 1.140 colonias, pero alcanzó apenas a unas 40 colonias.
gbenitez@abc.com.py