En la sesión del pasado 20 de setiembre, la Cámara de Diputados aceptó el veto del Poder Ejecutivo a la expropiación de tierras en la colonia Guahory, ubicada en el distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú.
El proyecto de expropiación fue presentado por el Partido Liberal Radical con apoyo del Frente Guasu; colorados disidentes sumaron sus votos a la expropiación.
Las tierras en Guahory se encuentran invadidas por campesinos que sí tienen tierras, pero que ocuparon propiedades de sus vecinos en procura de ampliar sus cultivos de granos.
En este momento, los campesinos tienen 2.500 hectáreas de tierra disponibles para cultivar, 1.000 en Guahory y 1.500 en Yhú, compradas para que devuelven los lotes a sus vecinos.
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El grupo afectado está integrado por 150 propietarios, con títulos y documentos entregados por el Indert; el instituto agrario ratificó la validez de los documentos.
Devolución de las tierras
El veto a la expropiación en Guahory, admitida por la Cámara de Diputados, ya no permite que un proyecto similar pueda ser tratado hasta dentro de un año.
El Estado tiene la obligación de devolver a sus legítimos propietarios las tierras que se encuentran invadidas.
La ocupación tiene raíz estrictamente política. Tanto el Partido Liberal Radical como el Frente Guasu sostuvieron esta invasión con fines electoralistas, en procura de ganar votos para las próximas elecciones.
El intento fue rechazado en la Cámara de Diputados y ahora el gobierno debe administrar los recursos necesarios para que los propietarios puedan trabajar.
A mediados de octubre, a más tardar, deben comenzar las tareas de siembra de granos, principal actividad económica del distrito de Tembiaporã.
Si los invasores siguen con la posesión de tierras ajenas, los legítimos propietarios no podrán comenzar a trabajar y perderán nuevamente el año agrícola.
En Guahory, 150 pequeños propietarios, 95 por ciento de ellos paraguayos naturales, son dueños de 2.000 hectáreas.
Ya se cumplen tres años de invasión, lapso en el cuál no pudieron producir y las cuentas se van sumando sin que tengan posibilidades de pagar porque no pueden trabajar.
Los 150 propietarios, a pesar de haber pagado por sus tierras, no tienen forma de cultivar. Todos ellos se encuentran en mora con bancos de plaza y corren el riesgo de perder definitivamente los lotes que compraron del Indert.
El abogado Willian Amaral, representante jurídico de los colonos, mencionó que existen tres órdenes de desalojo.
Los mandatos judiciales vigentes son los siguientes: La Policía Nacional recibió tres órdenes para desalojar a los invasores: el 23 de septiembre de 2014, firmada por el juez Hugo Becker; el 30 de diciembre de 2014, mandato de la jueza Julia Rosa Alonso, y el 7 de setiembre de 2015, de la jueza Rocío González Morel.
roque@abc.com.py