El ciudadano Luis Alberto Caballero había venido hace unos días a nuestro diario para denunciar la existencia de un esquema delincuencial en el Chaco, mediante el cual las personas que están en posesión de tierras fiscales son sacadas de esos lugares a la fuerza por personas armadas, para que terceros interesados en el mismo terreno se apropien de este, en connivencia con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), específicamente, con Acuña.
Caballero había llegado a nuestra redacción en representación de su hermano Bernardino, quien solicitó un lote fiscal de la Región Occidental, de 2.400 hectáreas, ubicadas en la línea 6 y línea 1 de Pablo Lagerenza (departamento de Alto Paraguay), quien, según dijo, lo ocupaba hasta que fue obligado a salir a punta de armas, por parte de una familia de apellido Martínez.
En respuesta a tales afirmaciones, Acuña señaló ayer que, en realidad, Bernardino Caballero “es un conocido gestor del Indert” y que entre sus “trabajos” llegó a gestionar tierras para los Martínez, hasta que hubo discrepancias. “Él era el que llevaba todo el expediente de (uno de los) Martínez, que era el primer solicitante. Cuando presenta la documentación, presenta otro plano que difería de la ocupación que tenía supuestamente Martínez. Después Bernardino Caballero entregó otro expediente en que solicitaba 2.400 hectáreas que, había sido, era el lote que supuestamente ocupaba Martínez, y ahí ellos comienzan a discutir la posesión”, indicó.
Según lo explicado, ante esa disputa, funcionarios del Indert se fueron a hacer la verificación in situ del expediente de los Martínez y Caballero y que, al volver, informaron que ninguna de las personas estaba y que quien sí se encontraba en posesión, con numerosas mejoras, era un tal Sebastián Javier Ceuppens, que tenía varias inversiones, aljibes, tanque de agua, casa.
“Lo que nos llamó la atención era que ni Martínez ni Bernardino estaban; entonces, con el informe de los funcionarios con fotografías que acompañaron, iniciamos el expediente (de Ceuppens)”, dijo. La funcionaria reconoció, no obstante, que el Indert no llegó a verificar los comprobantes de inversiones, para corroborar quién realmente pagó tales mejoras.