En la denuncia presentada la semana pasada ante la Fiscalía de Delitos Económicos se observa que la administración anterior de la EBY, a cargo de Juan Schmalko, emitió al menos diez resoluciones autorizando pagos de indemnizaciones en concepto de “ayuda social” a 5.775 beneficiarios de diferentes sectores.
Al menos siete de las resoluciones (desde la 15.804 a la 15.810) fueron firmadas el 8 de octubre de 2014 por los directores de ambas márgenes del Paraná, Juan Schamalko y Óscar Thomas, respectivamente, quienes, según se indica en los documentos, realizaron previamente “un estudio y resolución de los pedidos de las ayudas sociales presentadas por diferentes sectores y segmentos de la zona de afectación, lo cual hasta resulta incoherente, contradictorio y hasta risible, ya que el propio y referido Juan Alberto Schmalko fue el impulsor de las denuncias de las supuestas irregularidades imputadas a los anteriores administradores acusados en la causa penal N° 23/2014”, señalan los denunciantes, abogados Mirna Ortiz Goldner, Arsenio Ferreira y Rubén Darío Paredes Escobar.
Sin embargo, “el mismo Schmalko, en el uso de las mismas atribuciones y con las mismas formalidades que los ‘delincuentes’ denunciados por él mismo, aprobó el aporte social de cuantiosas y multimillonarias sumas dinerarias a los afectados recurrentes, significando esto el desembolso de inimaginables sumas de dinero con las cuales se solventarían las ‘ayudas sociales’, en los mismos conceptos investigados en la referida causa penal, lo cual resulta por demás llamativo”, refieren los abogados en su denuncia. Al respecto, fue consultado el asesor jurídico de la EBY, Luis Canillas, quien reafirmó la legalidad de los pagos efectuados “en carácter extraordinario y por única vez” como atención a los reclamos sociales relacionados con la suba del embalse, por un monto de G. 4.500.000 a cada uno. Todos ellos fueron realizados por escritura pública y certificaciones para que en el futuro no existan nuevos reclamos, indicó.