El 27 de marzo de 2014 caducó el plazo de 40 años que establece el numeral IX del Anexo C (Bases Financieras y de Prestación de los Servicios de Electricidad de Yacyretá) para la revisión, por ambas altas partes contratantes, de sus disposiciones.
Recordemos que el numeral de referencia supeditaba esta gestión “al grado de amortización de las deudas contraídas por Yacyretá para la construcción del hidroeléctrica; así como a la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países (ANDE y Ebisa).
Pese al tiempo dilapidado por ambos gobiernos (dos años y seis meses después de la instalación del equipo de negociación), la luz al final del túnel a la que aludía nuestro interlocutor en materia de deuda no se deja ver, tampoco se sabe si el oscuro y artificial túnel tiene un final.
Si escogemos la deuda como punto de observación, los trascendidos son inquietantemente contradictorios.
En efecto, recordemos que en octubre último, en Encarnación, tras la fallida cumbre Horacio Cartes/Mauricio Macri, el reelegido director de Yacyretá, Angel María Recalde, reiteraba a los periodistas que se le aproximaron que el atlético pasivo de la entidad binacional crecía a razón de US$ 1.000 millones por año”, advertencia que ya empleó en 2005, cuando él, como director elegido por Nicanor Duarte Frutos (ANR), entonces presidente de la República, y su equipo negociaban el “Pre-acuerdo a nivel Técnico para la Reestructuración de la Deuda de la Entidad Binacional”, que fue retirado del Senado ante la inminencia del rechazo.
A principios de noviembre, el diario El Litoral de Corrientes, bajo el título “Presentaron plan estratégico para Yacyretá con obras para de 1.450 millones de dólares”, ponía en boca de Humberto Schivoni, director “ejecutivo” de la EBY, que “hay que reestructurar algunas deudas cercanas a US$ 15.000 millones”.
El Ing. Orlando Valdés, presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico paraguayo, denunciaba recientemente, mediante un columna en ABC Color, que en el “informe maquillado” que se hizo en las oficinas paraguayas de la EBY, fechado el 31 de diciembre de 2010, sostenían que la deuda total de la EBY era de US$ 14.554 millones.
Extraoficialmente se filtró que las partes acordaron ya excluir el monto anotado en la columna intereses y que seguían las conversaciones para hacer lo propio con la de actualizaciones.
Pero nada se sabe de los US$ 9.130 millones que se acumularon en el pasivo de la EBY debido a la vigencia irregular del decreto 612 RA.
En lo concerniente al concepto de las potencias contratadas por ambos países (94% vs. 6%), lo escrito es letra muerta.
Tampoco se informa oficialmente sobre los “descuentos argentinos” a la hora en que deben pagar las facturas que mensualmente remite a Ebisa la entidad binacional, recursos frescos que, según el Ing. Valdés, son remesados al Tesoro argentino porque así lo impone el decreto 612/86 RA, y nada a la EBY.