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Fue en una reunión conjunta del Equipo Económico con el Consejo Nacional de Empresas Públicas, de la que participaron los ministros de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona; de Hacienda, Santiago Peña; de Industria y Comercio, Gustavo Leite; así como el entonces procurador general, Roberto Moreno, y el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira.
En el cuarto punto del orden del día, hablaron del “plan estratégico” de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y la situación de los contratos relacionados a los puertos Paranaguá y Villeta. Allí aparecieron las “directrices estratégicas” de “adecuar y potenciar, con alianzas operativas, los puertos nacionales de Concepción, Villeta y Pilar” y los “ejes transversales” de “generar alianzas operativas con el sector privado”.
“En el Puerto Franco de Antofagasta, no innovar. Prioridad para alianza operativa son los puertos de Pto. Falcón, Villeta, Pedro Juan Caballero y Concepción. En 30 días deberá presentar un pliego de base y condiciones para llamar a alianzas operativas de los puertos del exterior y del interior del país, exceptuando a Pilar”, señala el resumen de lo resuelto. Inclusive, hace mención a la cuestionada explotación del puerto de Villeta por parte de PTP Group. “Revisión del Contrato de Concesión de Villeta o anularlo. Hay incumplimientos de parte del Concesionario. En caso de producirse un nuevo llamado, se deberá prever la participación nacional, como mínimo en un 50%”, señala el acta (ver facsímil).
Del documento se colige que el Poder Ejecutivo ya tenía en los planes la entrega de todos los puertos, sin licitación alguna, pasando por alto la Ley de Alianza Público Privada (APP) que se aprobó para este tipo de casos, ya que taxativamente en la norma se hace referencia a proyectos portuarios, así como evadiendo al Congreso, ya que otra opción legítima pudo haber sido recurrir a la ley de concesiones.
Sin embargo, la ANNP entregó el puerto de Concepción a una empresa privada, basándose simplemente en resoluciones internas del año 2014 (N° 068 y 169) y un decreto de 2008 sobre tarifas (N° 12.297). La firma es Baden SA, cuyos accionistas son socios comerciales del padre del ministro Ramón Jiménez Gaona, que tiene el mismo nombre.
Información privilegiada de Jiménez Gaona
Precisamente, otra conclusión que se puede sacar de esta acta del Equipo Económico es que, al menos desde el 2015, Jiménez Gaona ya manejaba información privilegiada acerca de la intención de entrega de los puertos al sector privado, lo que le dejó en desventaja a otras empresas que intentaron también competir por el mismo negocio. Todo el polémico proceso de la ANNP, según los datos, se manejó de forma sigilosa.
Sospechoso llamado
La ANNP, ya en 2014 tomó la decisión de ceder el puerto bajo la figura de “alianza operacional estratégica”, pero el primer llamado fue en mayo de 2016 y se invitó a varias empresas. Después de que la firma del padre de Jiménez Gaona (CIE) no estaba como para ganar, la ANNP declaró desierto el llamado. Luego, se hizo una segunda convocatoria en noviembre de 2016, y adjudicaron en diciembre a Baden SA, la única que se presentó, y el contrato se firmó en febrero de 2017.