Al igual que otros legisladores, el senador Eduardo Petta dijo ayer que el informe de la auditoría practicada por la Contraloría a la licitación del aeropuerto está listo desde hace semanas y que lo escondieron en un primer momento para adjudicar el ensanche de las rutas 2 y 7 a un consorcio encabezado por Sacyr, la misma empresa que quiere quedarse con un contrato de 30 años para la ampliación y explotación del aeropuerto.
El senador Petta dijo que repudian las presiones que están ejerciendo desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, sobre el contralor Enrique García y le recordó a este que es su deber denunciar los hechos punibles de los que pudieron haber tenido conocimiento durante la auditoría.
“Es muy grave lo que está sucediendo. Hay mucha presión, mucho lobby del MOPC. Acá se juegan más de 300 millones de dólares que dejará de percibir el Estado si es que se le adjudica a esta empresa con tantos malos antecedentes”, afirmó Petta.
Seguidamente dijo que pedirán a la Contraloría que se expida de una vez, atendiendo a que fueron ellos mismos los que solicitaron su intervención.
“Si existe algún tipo de hecho punible, algún delito, él (Enrique García, contralor) tiene que denunciar, de lo contrario también él es penalmente responsable. Por imperio de la ley está obligado a elevar un informe a cada una de las cámaras”, declaró.
Prontuario de firma “mimada”
La empresa Sacyr SL tiene procesos judiciales en varios países, por diversos motivos, que según la ley de APP, el decreto reglamentario y el pliego de bases y condiciones, debieron descalificarle desde el inicio.
La administración Jiménez Gaona no solo le dejó competir en los primeros proyectos APP, sino que ya le adjudicó uno de ellos –el ensanche de las rutas 2 y 7– y ahora pretende darle la modernización del aeropuerto.
Para legitimar su permanencia en carrera, los funcionarios Claudia Centurión y Dionisio Mereles prácticamente le fabricaron un dictamen en el que niegan la vinculación de Sacyr SL con una sociedad que tuvo problemas en España, cuando esa vinculación fue reconocida por los propios representantes de Sacyr.