Si bien el gerente técnico de la Essap, Ing. Óscar Méndez, no mencionó la cifra, aseguró que la empresa del Estado debe realizar otro gasto para instalar una aductora que permita abastecer el tanque elevado del barrio Nazaret, que le costó a la empresa G. 1.800 millones.
“Vamos a poder usar ese tanque, el problema es que debemos construir una nueva aductora que permita llenar el reservorio porque con las redes que existen allí no se puede. Tiene que ser desde el caño principal”, expresó el técnico.
Esta no es la única inversión millonaria que realizó la empresa del Estado y que no le genera ningún tipo de beneficio ni a los usuarios, sino al contrario, los clientes de Essap están sufriendo por falta del servicio como es el caso de varias familias del barrio Sajonia.
La aguatera estatal invirtió también millones de guaraníes en la perforación de pozos en los lugares donde sus plantas de tratamiento se ven superadas por el aumento del consumo.
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Tampoco se escapó de las malas inversiones del servicio de saneamiento.
Existen contratos millonarios firmados también en 2010 con tres firmas privadas para la instalación de 10 kilómetros de alcantarillado sanitario en la cuenca de la Universidad Católica. El plan era arrojar las aguas residuales directamente al cauce del río Paraguay y suprimir las descargas al arroyo Ferreira. Pese al desembolso de G. 11.500 millones, las firmas contratadas no terminaron la obra. Las aguas negras siguen arrojando al citado arroyo. Solo dos empresas fueron sancionadas, aunque de forma leve, por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Las dos sancionadas fueron la Constructora Asunción, vinculada a Enrique Díaz Benza, y el Taller Industrial del Este, representada por Germán Fatecha, extitular de la ANDE.
A Díaz Benza la DNCP le privó de operar con el Estado por espacio de cuatro meses, y a Taller Industrial del Este solo le amonestó por escrito. La otra firma incumplidora es Curupayty, representada por Felipe Caballero.
Ni un solo funcionario de la Essap fue sumariado y mucho menos sancionado por las millonarias pérdidas económicas causadas a la entidad y por ende al Estado, por las pésimas inversiones.