Los pagos realizados por las instituciones se dieron a pesar de que las recaudaciones impositivas no alcanzan actualmente para cubrir el plan financiero presupuestario.
Los beneficios fueron abonados en el Poder Legislativo, en este caso a los funcionarios directos del Congreso, a los del Senado y los de la Cámara de Diputados. Asimismo se pagaron en el Poder Judicial y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
También percibieron instituciones del Poder Ejecutivo, tales como el Ministerio de Justicia, de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Secretaría de Desarrollo para Repatriados, la Auditoría General del Ejecutivo y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).
Los mayores montos fueron desembolsados en Diputados, G. 7.062 millones; Senadores, G. 3.657 millones; Ministerio de Justicia, G. 1.900 millones, y el Congreso, G. 1.793 millones. No solo en Hacienda
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Los datos fueron facilitados por técnicos sindicalistas del Ministerio de Hacienda para demostrar que los aguinaldos extras se abonan en numerosas entidades, no solo en la cartera fiscal.
En esta institución se había pagado en mayo un total de G. 9.000 millones, motivo por el cual fue blanco de duras críticas de parte de la ciudadanía.
Lo que dice la ley
La ley de presupuesto permite pagar en el año hasta dos gratificaciones o premios al personal, sea funcionario permanente o contratado, a lo que se suma en diciembre el aguinaldo establecido en la ley laboral.
El artículo 40 de la ley de presupuesto señala lo siguiente: “Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) no podrán asignar más de dos gratificaciones anuales o premios al personal por servicios o labores realizadas, a mejor o mayor producción o resultados de la gestión administrativa y financiera u otros indicadores de gestión institucional. Los mismos no serán superiores al equivalente a un mes de sueldo, y se asignarán conforme a las disponibilidades presupuestarias”.
El panorama fiscal a junio
En el primer semestre del año se recaudaron US$ 130 millones menos de lo presupuestado y el déficit fiscal llegó a US$ 140 millones, según el informe de Coyuntura Fiscal de la administración central que se dio a conocer a inicios de este mes.
El saldo rojo obedece al incremento de la inversión pública, que se financia con fondos provenientes de emisión de bonos y la obtención de créditos de organismos financieros internacionales.
Los ingresos tributarios se siguen desacelerando y, a pesar de que la recaudación fue 6,1% superior en junio, continúa por debajo de los años anteriores y del presupuesto, teniendo en cuenta la fuerte caída que se registra en Aduanas.