De acuerdo a los datos manejados de manera provisional por el abogado de los frentistas, Víctor Peña Gamba, se trata de negocios que se dedican al comercio, a los servicios y a la industria sobre la misma avenida, sin considerar los que están al doblar las esquinas, que también dependen de esta principal arteria que será utilizada para la ejecución del emprendimiento.
El temor de los frentistas es que la construcción afecte la avenida a tal punto que, debido a las obras en ejecución, sus clientes no puedan acercarse más a sus respectivos negocios, las ventas decaigan drásticamente, comprometiendo seriamente la estabilidad económica de las empresas, muchas de las cuales han realizado grandes inversiones y, sobre todo, los puestos de trabajo de sus empleados.
Los potenciales afectados han señalado que el Gobierno y los municipios no les garantizan ningún tipo de compensación o indemnización, y tampoco la cantidad de tiempo exacto que le va a llevar a la empresa terminar el proyecto (la portuguesa Mota-Engil).
Los frentistas, sobre todo los empresarios, han advertido días atrás al diputado Danny Durand, en una audiencia pública, que comenzarían a tomar medidas drásticas severas en cuanto al personal, porque están convencidos de que el proyecto, que consideran –de hecho– absolutamente inviable, les causará graves perjuicios económicos, que no tienen previsto algún tipo de resarcimiento económico ni social.
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En cuanto a los efectos de las obras en sí, consideran –por ejemplo– que si bien el MOPC estima realizar 1 kilómetro de obras en cuatro meses, y cerrar una sola calzada, la cantidad de arena a ser sacada para el túnel de cinco metros y las máquinas a ser utilizadas dificultarán la operación normal de los negocios, sin considerar, además, que este plazo puede aumentar.
Alerta que la realidad que les toca vivir cada día con las obras ejecutadas por el mismo ente estatal, el cierre de negocios reportará la necesidad de despidos forzosos y una real afectación de las recaudaciones para el pago de los salarios e impuestos respectivos.
Sobre el punto, asegura que el MOPC no ha presentado hasta ahora un estudio de impacto socioeconómico concreto, contemplando las alternativas para todos los afectados directos, y sin considerar el impacto que esto genera en la economía en general de las tres ciudades afectadas (Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo).