Dando continuidad a las recomendaciones surgidas en la reciente audiencia pública “Misión y aprovechamiento conjunto de Itaipú Binacional”, en la que se analizó el alcance de la Nota Reversal del 31 de marzo de 2005, que incorpora la responsabilidad social y ambiental a la misión de la entidad binacional, con lo cual también surgen los gastos sociales, ayer se reunieron técnicos y especialistas del sector con los senadores Miguel López Perito y Esperanza Martínez, integrantes de la Comisión de Economía del Senado.
En la oportunidad se acordó la necesidad de que la ciudadanía sepa y participe en el debate sobre qué va a hacer el Paraguay con respecto a la mitad de la generación de Itaipú y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que son objeto de supuestas negociaciones y tratativas que hoy se realizan a espaldas de la ciudadanía, explicó el senador López Perito.
“Estuvimos estudiando algunos puntos de coincidencia que deberíamos tener en cuenta para proponer que sea una política del Estado en su reivindicación de derechos de la mitad de su energía en una próxima reunión, donde estaremos más legisladores”, dijo y añadió que van a ampliar la agenda y tratar un aspecto más operativo, que involucre a distintos sectores. Que esto sea un debate público y deje de ser parte de la agenda secreta del Gobierno”, declaró el legislador de Avanza País.
López Perito insistió en que se quiere abrir el debate y llegar a blindar con las leyes necesarias los beneficios futuros que se puedan obtener de modo a preservar los derechos que le corresponden al Paraguay.
Por su parte el Ing. Germán Escauriza, integrante de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, asesora de la Cancillería hasta el 2012, explicó que son necesarias algunas disposiciones para precautelar los recursos disponibles que va a tener el Estado paraguayo a partir de 2023.
Para que esos recursos genuinos y soberanos sean protegidos, Escauriza propuso una estrategia basada en tres ejes: 1) La contratación del 100% de la potencia instalada que le corresponde al Paraguay; 2) La fijación de una tarifa de la energía paraguaya para comercializarla a partir de 2023, para lo cual se puede tener como referencia la tarifa vigente. Si esta se mantiene, el Estado podrá disponer unos 1.000 millones de dólares al año, y; 3) Llamar ya a licitación internacional para la comercialización de esa energía que estará disponible en 2023.
Exigen una explicación
Técnicos del sector eléctrico cuestionaron el hecho que, hasta ahora, ninguna autoridad competente haya explicado sobre la actuación incorrecta del esquema de separación de las unidades generadoras de Itaipú para atender sin cortes el sistema de ANDE. “Todas las informaciones vienen del Brasil. Nadie del lado paraguayo es capaz de aclarar la situación”, afirmaron.