08 de Diciembre de 2017

| EL 90% DE LAS MODIFICACIONES EN PROYECTO DEL PGN FUE PARA INCREMENTO DE SALARIO

Exministro lamenta que decisiones políticas afecten credibilidad del país

Es una pena que intereses políticos primen sobre la estabilidad del país, dijo el exministro de Hacienda César Barreto, quien advierte de una pérdida de credibilidad al romper las normas establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Barreto indicó que la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) ha servido como un ancla y una referencia para el país cuando empezamos a salir en el mercado internacional con los bonos soberanos, en el 2013.

“Creo que perdimos la oportunidad de que si en año electoral respetábamos esa ley, íbamos a dar un paso muy importante, pero lastimosamente nuestros parlamentarios no estuvieron a la altura”, subrayó.

Incluso las calificadoras de riesgo han insistido en el cumplimiento de las normas fiscales como requisito para ir avanzando en una eventual mejora de la percepción del riesgo. Con estos aumentos sancionados el miércoles último por el Congreso, se deja en una situación delicada a las finanzas públicas y en abierta violación a dos principios de la LRF, una referente al déficit no superior al 1,5% y la imposibilidad de incrementos por encima de la variación del salario mínimo vigente.

El economista indicó que, por más que se trate de un aparente impacto intangible, ya que se refiere a la pérdida de confianza, esto después se hace tangible cuando se pierden inversiones, empleos.

Ante la posibilidad de que el Ejecutivo vete parcialmente los aumentos que ponen en riego el cumplimiento de las normas fiscales, Barreto agregó que el Ejecutivo tiene un margen de maniobra, ya sea en la decisión de vetar o no, o también en la aplicación del plan financiero.

Por su parte, el analista financiero Amílcar Ferreira justificaría un eventual veto en este caso en que el Congreso aprobó aumentazos salariales poniendo en riesgo el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. “Será la decisión más responsable” señaló.

Silencio en Hacienda

Desde el Ministerio de Hacienda se llamaron al silencio tras conocerse la decisión del Congreso, que pasó por alto las recomendaciones en cuanto a los ajustes. Intentamos comunicarnos con la ministra Lea Giménez, pero no ha respondido. Giménez realizó un intenso lobby en el Parlamento e incluso elaboró un presupuesto alternativo para salvar de un mayor déficit, pero nada de esto fue tenido en cuenta. La versión del PGN aprobada ayer orilla G. 73,60 billones, cifra que excede en G. 441.205 millones (US$ 80,2 millones) el plan inicial del Ejecutivo, de G. 73,1 billones.

El 90% de estas modificaciones corresponde exclusivamente a incrementos en el rubro de salarios, alrededor de US$ 70 millones, mayormente financiados con recursos del Tesoro.

Esta suba de gastos rígidos genera una diferencia cercana a US$ 60 millones sobre los ingresos genuinos previstos inicialmente por el fisco, por lo que el déficit podría cerrar cercano a 1,7% Con la versión aprobada ayer varios sectores fueron beneficiados con incrementos extras y fuera de los rangos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, entre ellos docentes del MEC (16%), Salud (8%), ANDE (G. 600.000 para cada funcionario), INC (12%), todos por encima del 3,9% de ajuste al salario mínimo que tuvo el sector privado en el transcurso de este año.

Reparación del Congreso

En la sesión extraordinaria de este miércoles la Cámara de Diputados resolvió acogerse a la versión de senadores, restando unos G. 20.000 millones al presupuesto del Congreso Nacional que fue solicitado para las reparaciones del edificio, dañado el 31 de marzo último tras protestas ciudadanas, ya que el seguro no cubre la totalidad de los daños. Empero, esta modificación introducida por los diputados pasa nuevamente a la Cámara Alta para su definición, al igual que el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia y el de Presidencia de la República.

 
 

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