Agregó que la intención de que el Estado vuelva a adquirir tierras vendidas hace décadas, es una violación al derecho privado, pues en el lugar hay gente trabajando y produciendo, contribuyendo con la economía del país. Además, cuando el ente rural en el pasado vendió los lotes de Guahory, lo hizo a precio fiscal, en tanto que si ahora expropia, deberá pagar precio de mercado, en una zona donde el valor referencial oscila entre 15.000 y 20.000 dólares por hectárea.
“No cabe; uno porque son lotes que están en producción, fue colonia hace 20 ó 30 años, el propietario en su momento obtuvo un título de la institución. Y además, ya hubo gastos del Estado para reubicación de los campesinos”, afirmó, haciendo referencia a la gestión de compra por parte del Indert de una propiedad de Yhú, de 1.550 Ha., donde llevó a parte de las familias que habían sido desalojadas de Guahory el año pasado.
Cáceres Bazán señaló que la esperanza ahora es que el presidente de la República, Horacio Cartes, vete el proyecto sancionado y si no lo hace, incluso el Indert debería proponer la inconstitucionalidad de la ley.
“Esto (la expropiación aprobada en el Congreso) va a dar pie a que se puedan expropiar todas las colonias antiguas del ente”, subrayó.
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En cuanto a la situación de los campesinos a los que supuestamente beneficiaría la expropiación, conversamos con la abogada Mirian Cristaldo, representante legal de los labriegos de Guahory. Señaló que unas 15 familias fueron reubicadas en la propiedad de Yhú el año pasado, que recibieron viviendas precarias, insumos agrícolas y tienen una producción comunitaria.
Quedan otras 25 familias a ser reubicadas y otras 50 permanecen en la zona de Guahory, aguardando la reubicación en lotes recuperados por el Indert.
Intentamos consultar la opinión del presidente del instituto, Justo Cárdenas, pero en el ente nos dijeron que estaba de viaje y tampoco nos respondió las llamadas y mensajes enviados a su celular, con terminación 211.