El presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), Gustavo Volpe, manifestó ayer a los parlamentarios que no deben creer que duplicando los impuestos a las bebidas azucaradas o alcohólicas significará que la recaudación crecerá el doble.

A su criterio, un eventual incremento de las tasas va a tener un efecto totalmente contrario, porque en un país altamente informal se le estará dando mayor competitividad a los productos que ingresan de contrabando y a los que operan en la informalidad, por lo que esta medida terminará matando los empleos formales del país y la recaudación que hoy se tiene caerá a la mitad.

Volpe expuso la posición del empresariado en la reunión conjunta convocada en el Senado por las comisiones de Hacienda y Presupuesto; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Industria y Comercio; Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado y la de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana.

Las referidas comisiones abrieron el debate sobre el proyecto de ley “De modernización y simplificación del sistema tributario nacional” con la participación del ministro de Hacienda, Benigno López, y viceministros, así como exministros, economistas, tributaristas y representantes de diversos sectores de la sociedad para conocer sus posturas en torno a los cambios que se proponen.

El titular de Feprinco sostuvo que el elevado nivel de informalidad y contrabando es lo que impide alzar los impuestos y, en ese sentido, puso como ejemplo que aún con las tasas vigentes del 10% existen “empresaurios” que evaden y eluden el pago.

Insistió en que la informalidad es alta, pero que existen autoridades a quienes “no les calienta” y los productos están a la venta incluso en las veredas de los supermercados, por lo que pidió a los senadores que no hagan que la informalidad crezca aún más con el aumento de los impuestos.

El ministro de Hacienda, por su parte, que había hablado antes de la intervención de Volpe, explicó a los senadores que el proyecto que plantea el Ejecutivo busca la simplificación de los procesos y no mayores impuestos o tasas para la ciudadanía, porque aún así se puede recaudar 0,7% del PIB (US$ 280 millones).

Además, el ministro argumentó que una reforma con tasas mayores debe ir de la mano de un compromiso mayor del Estado en cuanto a la calidad del gasto. En ese contexto, puntualizó que en la medida en que no tengamos esta mejora en la calidad del gasto, será injusto que mayores impuestos vuelvan a recaer sobre el ciudadano que ya paga sus impuestos. De todos modos, indicó que ahora está a consideración de los legisladores determinar las tasas.

“Deben ir todos presos”

El sindicalista Eduardo Ojeda aseguró que la reforma significará más impuestos para los pobres, y de paso habló de la licitación del IPS para contratar seguridad, afirmando que las autoridades involucradas deben ir presas. Fue ante la mirada del Sen. Dionisio Amarilla, que intermedió en la negociación para intentar frenar publicaciones sobre direccionamiento y sobrefacturación de G. 140.000 millones.