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Se inventaron facturas, se falsificaron firmas, se expidieron cheques al portador y otras muchas irregularidades con un solo fin: quedarse con el dinero público en nombre de los productores a quienes solo llegaban migajas.
Inventar facturas para llenarlas con escandalosos sobrecostos fue una de las modalidades para la corrupción. Por caso, la cal agrícola se cotizaba entonces –diciembre de 2012– alrededor de 300 guaraníes el kg. Pero en la factura se hacía constar 1.750 guaraníes el kg. En una sola compra –según factura 0001001 de “Gran Horizonte”, supuestamente la Fenapropfh adquirió ¡249.600 kg!, por los que se pagaron cuatrocientos ochenta y seis millones ochocientos mil guaraníes.
En otra factura de “Gran Horizonte” –la 0001002– de las muchas que sirvieron para la “rendición de cuentas”, encontramos que se compraron “materia orgánica estiércol”, o sea, bosta de vaca, casi cuatro toneladas por valor de dos mil trescientos sesenta y ocho millones seiscientos mil guaraníes. A nuestra pregunta a los productores supuestamente beneficiados con tanta bosta, nos respondieron que si la necesitan la consiguen gratis. Solo en dos rubros ya tenemos más de dos mil setecientos millones de guaraníes de estafa al Estado.
La burda ingeniería para robar
El 5 de diciembre de 2012 el entonces ministro del MAG, y actual senador por el PLRA, dispuso la entrega, según resolución Nº 1288, de la suma de 6.052.639.175 (seis mil cincuenta y dos millones seiscientos treinta y nueve mil ciento setenta y cinco), del rubro 874 “Aportes y subsidios a entidades sin fines de lucro”, a favor de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), proveniente de la ley 4758/2012 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
En representación de la Fenaprofhp, Silvio Riveros e Ignacio Acuña, presentaron una rendición de cuentas a la que adjuntaron un contrato firmado por Ronald Guerrero Ovelar, representante de la firma Local SA, para la provisión de equipos, insumos e infraestructura para 23 organizaciones de productores por un monto total de 5.502.530.000 (cinco mil quinientos dos millones quinientos treinta mil guaraníes). Las mercaderías supuestamente compradas debían ser puestas en el sitio indicado por las organizaciones mencionadas.
Hasta se hizo un acta en donde consta la entrega de todos los insumos supuestamente proveídos.
Cuando fue indagado por la agente fiscal penal Claudia Criscioni, el representante de la empresa proveedora Ronald Guerrero, este manifestó que no contaba con talonarios de comprobantes de ingresos, comprobantes de compra y gastos, libro de ventas y libro de compras correspondientes a los períodos fiscales enero-diciembre 2012 y enero a diciembre 2013, porque las mismas fueron remitidas a la Dirección General de Fiscalización Tributaria para su fiscalización correspondiente, pero conforme al informe remitido por esa Dirección, el 214 de enero de 2014, el representante de Local SA solicitó prórroga de 10 días para presentar las documentaciones, justificándose en que la empresa estaba realizando cambios estructurales a nivel administrativo y que no disponía de documentaciones requeridas por lo que hasta el momento la empresa no dio cumplimiento al requerimiento administrativo.
Por otro lado –según el documento que obra en la Fiscalía– Ronald Guerrero, representante legal de la firma Local SA, y propietario de la firma Agromaq Insumos y Maquinarias, presentó seis ofertas a la Fenaprofhp que a su vez fueron presentadas por los imputados Silvio Riveros y Lidio Irala, ante el ministerio de Agricultura y Ganadería para justificar la exigencia de tres ofertantes y también “probar” que se adjudicó la provisión de insumos a la oferta “más barata”.
Otro desembolso
El 29 de noviembre de 2012, por resolución Nº 1193, Enzo Cardozo autorizó la transferencia de 35.000 millones de guaraníes del Fonacide a la Fenaprofhp sin que esta entidad cumpliera el requisito mínimo de acompañar los documentos requeridos para el desembolso de dinero a entidades sin fines de lucro.
Aquí aparece otra vez “Gran Horizonte”, de Ronald Hernán Guerrero, la empresa adjudicada por haber presentado la oferta supuestamente más baja comparada con los presupuestos presentados por las firmas Local SA y Agromaq, vinculadas a Ronald Guerrero.
Para justificar la compra de los insumos proveídos a la Fenaprofhp, Gran Horizonte, a su vez, presentó facturas de haber adquirido los productos de las firmas Local SA y Agromaq, que ofertaron a un precio mayor.
De aquí la fundada sospecha de la Fiscalía de que Ronald Guerrero proveyó las facturas para justificar las compras que no se realizaron y que conocía todo el emprendimiento realizado para justificar la adquisición de insumos por parte de la Fenaprofhp.