Acompañado de los abogados José Domingo Almada y Carmelo Caballero, Godoy fue el primero en presentarse en tribunales, a las 09:00, ante el juzgado penal de garantías a cargo del juez Humberto Otazú.
Esta audiencia se realizó en el marco de la imputación por lesión de confianza presentada por la fiscala Alba Delvalle, por la liberación de fondos en el marco del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope) y el Frente Combatiente contra la Pobreza (Freccop). Según la imputación, el daño ocasionado al Estado es de 3.700 millones de guaraníes.
En la ocasión, el magistrado le impuso una fianza de G. 1.200 millones al exministro, de los cuales G. 402 millones corresponden a fianza real y G. 800 millones, a fianza personal de Almada.
Prohibición de salir del país y obligación de presentarse una vez al mes son otras medidas establecidas por el juzgado.
También, ayer estaba prevista la audiencia de imposición de medidas para María Estela Azuaga, exdirectora de Administración y Finanzas del MAG, pero esta diligencia se pospuso a raíz de un incidente de nulidad de imputación presentado por su defensa.
“Pedimos la nulidad de la imputación porque el código de procedimientos penales es muy claro en el sentido de que cada imputación tiene que tener un relato circunstanciado del hecho y la participación del imputado en cada hecho y con relación a ella no hay. Entendemos que hubo una omisión en el punto del desarrollo de los hechos y la conducta creada por la misma no está determinada en esta imputación”, explicó Almada, quien la representa en forma conjunta con la abogada Angelina Luna.
Enzo, sin restricciones
Por otro lado, ante el juzgado de garantías a cargo del juez Pedro Mayor Martínez, a las 10:30 se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas del senador Enzo Cardozo.
Cardozo ha sido imputado con Godoy y otras 23 personas por lesión de confianza y otros delitos, por el desvío de G. 68.000 millones que debían ser destinados a programas del MAG para productores frutihortícolas.
A petición de la fiscala Claudia Criscioni, quien presentó la imputación, el magistrado estableció una fianza real de G. 800 millones y prescindió de otras medidas como prohibición de salir del país y presentarse mensualmente en tribunales.