La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió el fin de semana un comunicado sobre las numerosas empresas de renombre en nuestro país que recurren al Tribunal de Cuentas para accionar contra las sanciones impuestas por la DNCP, tras constatar irregularidades cometidas por las firmas.
“Estas medidas cautelares logran dejar sin efecto las sanciones impuestas por la DNCP y permiten que puedan seguir participando en licitaciones y contratando con el Estado, a pesar de haber sido inhabilitadas mediante sumario administrativo por la entidad que regula las contrataciones públicas. En otros casos, las empresas reciben medidas cautelares para, por ejemplo, dejar sin efecto resoluciones que cancelan contratos en los cuales la DNCP ha detectado irregularidades. De esta manera, ellas pueden continuar la ejecución de estos contratos que, en su mayoría, son millonarios”, señala la nota.
Al respecto, el coordinador jurídico de Contrataciones, abogado José Arévalos, dijo ayer a ABC que el modus operandi de las empresas para eludir las penalidades que se les impuso es “perverso”. En el caso de contratos suspendidos, primeramente la firma sancionada pide una medida cautelar, tachando de irregular la sanción de la DNCP, y con eso logran continuar con sus contratos, cobrar los millonarios fondos y después retiran la demanda, con lo que reconocen como regular el accionar del ente regulador de los contratos del Estado.
Lo mismo ocurre en el caso de empresas inhabilitadas, añadió Arévalos, pues logran seguir presentándose a los procesos licitatorios gracias a las medidas que les otorga un Tribunal de Cuentas y después retiran sus demandas. Luego, simplemente cambian de denominación jurídica para evitar el antecedente.
No obstante, según el dato oficial, recientemente la Corte Suprema de Justicia se expidió a favor de la DNCP, revocando las medidas cautelares de una decena de empresas (ver cuadro). Adicionalmente, se encuentran en trámite otros 17 procesos de apelación que la dirección de Contrataciones ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia solicitando el levamiento de las medidas cautelares otorgadas por el Tribunal de Cuentas.