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El viernes último, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió la notificación fiscal en la cual se le solicita todos los antecedentes del proceso de contratación que derivó en la adjudicación de la obra del viaducto de Madame Lynch a la empresa española Isolux Corsan. Es en el marco del proceso penal por lesión de confianza y asociación criminal (ver infografía) que abrió el Ministerio Público contra el ministro Ramón Jiménez Gaona y cinco miembros del comité evaluador.
Los funcionarios investigados además del ministro, son: Dionisio Agustín Mereles, Roberto Carlos Enrique, Esteban Vicente Sarubbi, Juan Manuel Cano y Claudia María de la Paz Centurión. La apertura del proceso penal, cuyo fiscal encargado es Dos Santos, fue a su vez motivada por una denuncia presentada por el diseñador de la obra, Ing. Hermann Pankow, contra todos los funcionarios mencionados, por supuestamente haber modificado el proyecto original, en beneficio de la empresa contratista. Según Pankow, la acumulación de agua en el túnel esta semana, luego de una lluvia no muy intensa, dejó en evidencia las falencias de la obra, tras las modificaciones.
El diseñador asegura que el agua se acumuló por filtraciones que ocurrieron por haberse alterado el espesor de la losa (piso) del túnel. De 100 centímetros que tenía originalmente en el proyecto, el MOPC le aprobó a Isolux una modificación, pos firma del contrato, que le permitió construir una losa de solo 35 centímetros de espesor.
El viaducto también fue mencionado en una investigación en España sobre dudosas comisiones. En un informe policial se revela que Isolux le habría pagado a Jordi Pujol –empresario hoy preso– una comisión por adjudicarse el viaducto. La obra a su vez, habría sido obtenida a través de un lobista, Ernesto Dos Santos, que se jactaba de tener “trato directo” con el ministro, según correos interceptados.