19 de Agosto de 2017

| 194 AGENTES DE TODO EL PAÍS PLANTEARON ACCIÓN EN LA CORTE PARA REVERTIR IMPOSICIÓN

Fiscales atacan de inconstitucionales las retenciones salariales para IRP

Un total de 194 fiscales plantearon una acción de inconstitucionalidad para frenar las retenciones de salarios para el impuesto a la renta personal (IRP). Consideran que es inconstitucional y confiscatoria esta imposición.

Patrocinados por el abogado constitucionalista doctor Daniel Mendonca, 194 agentes fiscales de todo el país plantearon ayer la acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Victoria Acuña, fue la vocera del grupo que busca revertir las retenciones impuestas en la Resolución N° 119/17 de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que entrará en vigencia desde el 1 de setiembre.

Con la medida administrativa, la SET pretende retener el 0,5% sobre los salarios, el 1% sobre los honorarios y el 2% sobre el 50% de las utilidades o dividendos de las personas que en dependencia, pública o privada, que posean un salario igual o superior a G. 10.000.000.

La acción de los fiscales ataca la disposición porque la considera violatoria del principio de legalidad tributaria, del derecho a la retribución del trabajo, del derecho a la propiedad privada, de la carga pública determinada por ley, de prelación de las leyes, de los principios de legalidad y justicia tributaria, y el principio de no confiscatoriedad tributaria.

En un punto, se especifica que la viceministra de Tributación, Martha González, es una funcionaria que representa una dependencia administrativa, y no es autoridad competente establecida en la Constitución o en la ley, para dictar la Resolución N° 119/2017.

Además, que el artículo 13 del Código del Trabajo prescribe: “Nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución de autoridad competente fundada en la ley... El salario no constituye la renta del trabajador”.

Se agrega que la ley establece las retenciones que podrá realizar el trabajador de manera específica.

También se precisa que la resolución es “confiscatoria” porque no establece el mecanismo de devolución del crédito fiscal favorable al contribuyente, y así se viola el derecho a la propiedad del contribuyente.

 
 

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