El fiscal general adjunto, Federico Espinoza, informó ayer a la prensa acerca de la apertura de esta nueva causa, que si bien es contra personas innominadas, afecta directamente a la gestión del presidente del Indert, Justo Cárdenas. “Lo que investigamos es el hecho, y a partir de ahí se conecta con personas”, explicó Espinoza.
No obstante, como titular del instituto agrario, Cárdenas tiene incidencia directa en el uso de los recursos del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), que se destinaron a obras deficientes, con retrasos e incumplimientos verificados. Así, se adjudicó en el 2014 por un monto de G. 8.512 millones y otros G. 120.112 millones en el 2015, según los informes oficiales.
La presunción de la fiscalía es que existe una sobrefacturación en las obras, teniendo en cuenta la aparente mala calidad observada (gremios del sector privado se pronunciaron respecto a este tema) y los altos precios finales que tuvo que pagar el ente rural. Esto fue denunciado por la prensa y también lo hizo el abogado Hugo Lovera a través de una nota presentada a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Pero las obras deficientes no solo se relacionan con los materiales utilizados, sino también a las “constructoras” que se encargaron de las obras. Las contrataciones del Indert se realizaron a través de dudosas ONGs, que a su vez subcontrataron a firmas sin experiencia en el sector de la construcción para que estas perforaran los pozos. Se pudo verificar que la mayoría de las empresas pertenecen a políticos, funcionarios públicos y otros amigos del Gobierno actual.
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Al respecto, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Jorge Moreno, señaló: “En Capaco consideramos un despropósito que las obras de sistemas de agua hayan sido ejecutadas por seudoempresas constructoras sin dar oportunidad a las firmas del sector a presentar sus respectivas ofertas, justamente en un momento en que estas no están teniendo oportunidad de trabajar por falta de licitaciones para el segmento de empresas medianas y pequeñas”.
Sin embargo, pese a las críticas y los cuestionamientos, el presidente del Indert sigue defendiendo tenazmente la construcción de pozos a través de las ONGs.