La comitiva fiscal llegó primeramente hasta la dirección declarada por la Fundación Resedá Poty, presidida por Karina Patricia Ozorio, que fue adjudicada con más de G. 12.000 millones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). En el lugar, Avda. General Genes e/ Cerro Corá de San Lorenzo, no existe dicha ONG; en las cuatro esquinas solo hay un motel, “New Bambu”, una parada de taxi, una casa y un negocio.
El agente y sus colaboradores labraron acta de lo encontrado, al igual que la declaración de los lugareños que no conocían a ninguna Patricia Ozorio ni tampoco a la ONG de referencia.
Posteriormente, allanaron la Asociación Alto Forest, ubicada en la calle Saturio Ríos 990, también de San Lorenzo, que fue adjudicada con más de G. 12.200 millones (ver cuadro).
La presidenta de esta ONG, Verónica Coronel Nakagawa, recibió a la comitiva del Ministerio Público y cuando esta le requirió los documentos de los sistemas de agua potable, respondió que no tenía los originales porque estaban en poder de Patricia Ozorio. Al ser requerida cuál es su vinculación con Ozorio, respondió que ella es “la contratista”, encargada de las obras, con quien llegó a un acuerdo de trabajo “verbal”.
En conversación con el equipo fiscal, la presidenta de Alto Forest reconoció que trabajar en estas condiciones es “ponerse la soga al cuello”. No obstante, dijo que si bien no tiene documentado el acuerdo con Ozorio, sí llegaron a firmar el convenio con el Indert, para la construcción de 19 sistemas de agua potable. Las “constructoras” que a su vez fueron subcontratadas para los trabajos se llaman “Bunquers”, “Armando Construcciones” y “Actividades de Construcciones”.
Los amigos políticos
Más tarde, en declaraciones a la prensa, Coronel dijo que las comunidades campesinas son las que solicitan las obras y piden con qué empresas trabajar. Coincidentemente, las firmas “solicitadas” son de los amigos políticos del Gobierno.
“Bunquers” es propiedad de José Martínez, dirigente colorado y amigo del presidente de la República, Horacio Cartes, quien se autodescribe como “más cartista que Cartes”, mientras que Armando Construcciones es la empresa del hijo de Martínez.
En cuanto a la firma “Actividades de Construcciones”, está a nombre de una compatriota llamada Teresa Rotela, quien a través de una publicación que hizo nuestro diario, meses atrás, se había enterado de que usaron su nombre para el “negocio” de los pozos, pero negó haber recibido fondos. Presentó una denuncia fiscal contra Patricia Ozorio, que en el pasado era su jefa y a quien acusa de haber falsificado su firma para crear la empresa de referencia.
Según había dicho el presidente del Indert, Justo Cárdenas, para elegir a una contratista, la ONG compara ofertas y elige la más conveniente, pero en la práctica, se ha visto que las adjudicaciones por más de US$ 20 millones fueron a parar a los amigos del Gobierno, entre los que se encuentran políticos y autoridades electas. De acuerdo con las denuncias recibidas de comunidades campesinas, muchos de estos sistemas de agua potable no funcionan o lo hacen a medias, mientras que algunas obras no existen.
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