En los allanamientos del Ministerio Público se están confirmando todas las denuncias reveladas a través de investigaciones periodísticas, acerca de la repartija de más de US$ 20 millones por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Específicamente, en lo que respecta a la hipótesis de que las transferencias directas del ente a las ONG se han realizado al solo efecto de eludir la ley 2051 de Contrataciones Públicas, de tal modo a que el dinero llegue a empresas “constructoras” de políticos y amigos del gobierno.
Ayer, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, se constituyó en la dirección declarada por la ONG “Mi Casita” (Juan de Salazar c/ Artigas, Asunción), adjudicada con un contrato de G. 1.279 millones para gestionar la construcción de tres sistemas de agua potable en distritos de Concepción.
En el sitio se encontró una oficina sin cartel, donde no funciona dicho organismo, no había funcionario alguno ni documentos al respecto. El fiscal Piñánez resaltó en conclusión que para el Ministerio Público, no existe “Mi Casita”, cuya presidenta es Cyntia Santacruz.
“Funciona” otra ONG
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Llamativamente, se presentó una persona de nombre Eduardo Aveiro Ruiz, en representación de otra ONG que también recibió fondos del Indert, llamada “Redecap”. Dijo que en el lugar funciona este organismo y que anteriormente, hace tres o cuatro meses, también estaba “Mi Casita”, pero negó que haya vinculación entre ambas organizaciones.
“Redecap”, presidida por Carol Turrini de Valenzuela, fue adjudicada con G. 2.148 millones para perforar cinco pozos en distritos de Concepción. Según se pudo observar, aparentemente la oficina fue recién montada, aún había olor a pintura y hasta seguían estando en el sitio los materiales de construcción. En declaración a la prensa, Aveiro dijo que estaban “remodelando” y cuando se le preguntó hace cuánto tiempo funciona esta ONG allí, respondió que “no sabría decirte”. Ante la insistencia, dijo que “hace unos tres o cuatro años”.
Aparece la ONG del motel
En un segundo allanamiento, el Ministerio Público llegó ayer hasta la fundación Reseda Poty, presidida por Patricia Karina Ozorio. Se trata de la misma ONG en cuya dirección declarada está funcionando un motel. Después de la intervención fiscal, referentes del organismo dijeron que cambiaron de oficina y que no lo habían informado. Ahora, la sede del organismo está en la vivienda de Ozorio, en San Lorenzo.
Reseda Poty recibió más de G. 12.000 millones del Indert y ayer en el allanamiento, la Fiscalía no encontró a la titular. Los agentes fueron recibidos por otros encargados, quienes no tenían los documentos originales sobre la construcción de sistemas de agua potable. Más tarde los trajeron y según explicó Piñánez, serán sometidos a los análisis de rigor.
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