Los documentos que incautaron en los allanamientos efectuados la última semana a locales comerciales, imprentas y estudios contables en Asunción siguen en el proceso de revisión a cargo de peritos de la Fiscalía y técnicos de la SET.
A estos papeles se suman los documentos que trajeron en la víspera del negocio que también allanaron en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.
Toda la documentación será inventariada y posteriormente los fiscales que investigan el caso empezarán a imputar a los supuestos responsables del esquema creado para evadir tributos, según se reiteró ayer.
Fuentes de la Fiscalía explicaron que dos grupos venían operando en el marco de este esquema, motivo por el cual abrieron dos causas penales por los supuestos delitos de producción de documentos no auténticos, evasión impositiva y asociación criminal.
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En principio no habría una conexión directa entre ambos grupos, pero esta hipótesis solo podrá demostrarse una vez que finalice la revisión de los documentos.
Esquema
El esquema de evasión incluye la creación de empresas ficticias para emitir facturas de contenido falso, facturas clonadas y la inscripción fraudulenta como contribuyentes de la SET de personas de escasos recursos, con simples fotocopias de cédulas.
Además, habrían participado imprentas que se encargaron de clonar facturas, unos contadores y gestores.
La cifra preliminar manejada por la investigación es que el monto de estas facturas de contenido falso asciende a 130.000 millones de guaraníes (US$ 25,4 millones), lo que implicaría una evasión de aproximadamente 50.000 millones de guaraníes (US$ 10 millones) inicialmente.
Las empresas que habrían utilizado las facturas de contenido falso suman 149 y, según fuentes de la Fiscalía, en la víspera algunas de estas, mediante sus abogados, se habían puesto a disposición para las correspondientes investigaciones. No trascendieron, sin embargo, los nombres de estas firmas.
Tanto Tributación como la Fiscalía ya adelantaron que no darán a conocer los nombres de los contribuyentes involucrados, argumentando que la ley lo prohíbe.
Esta decisión, que ya tomaron con el primer caso de megaevasión del año pasado, es criticada por la ciudadanía, la que sostiene que deben publicar los nombres responsables para que, por lo menos, tengan una sanción de la sociedad.
El caso descubierto el año pasado involucró a 310 empresas, que utilizaron facturas por valor de 336.000 millones de guaraníes.
El fisco, luego de cobrar los impuestos y aplicar las multas y recargos, recuperó 106.000 millones de guaraníes.