Fiscalía verifica otra ONG fantasma con millonario contrato del Indert

La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía trató de allanar ayer la sede de la ONG Fucela, a la que el Indert entregó casi G. 2.500 millones para perforación de pozos. Pero según se observó, es otra de las organizaciones fantasmas, pues no aparece en la dirección declarada.

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El fiscal Luis Piñánez y su equipo se constituyeron ayer en la dirección Bartolomé de las Casas y Araucanos (Asunción), buscando la sede de la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), a la que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), presidido por Justo Cárdenas, adjudicó casi G. 2.500 millones para construir cinco sistemas de agua potable en Horqueta (Concepción).

En toda la zona, nadie supo dar información de la ONG, completamente desconocida para los vecinos, de acuerdo con los datos del Ministerio Público. Luego la comitiva indagó acerca de la presidenta de ese organismo, llamada Edelmira De Giacomi de Andreotti, y los lugareños dijeron que una persona con ese nombre vivía en un edificio de la zona, pero que se mudó hace más de seis meses.

Según se observó, el edificio de referencia tiene cinco pisos, y allí solo funcionan el “Mini market HH”, la firma transportadora “SYK” que hace servicio de flete y departamentos de viviendas particulares.

Fucela es la misma ONG cuyos pozos perforados en Horqueta, específicamente en las colonias Choferes del Chaco, Espajín, Cuartelero, Yvyraty y Pehuaho San Francisco, no funcionan, según corroboró la propia fiscalía hace un mes, tras las reiteradas denuncias de los pobladores. La citada ONG había subcontratado para ejecutar las obras a la firma Eclosión, del ingeniero Pedro Benítez Almirón, parlamentario del Mercosur suplente por el Partido Colorado.

Llamativamente, Benítez Almirón también tiene directa vinculación con Fucela, donde figura como tesorero. Es decir, se comprueba una vez más que la adjudicación del Indert a las ONG y la subcontratación a firmas “constructoras” ha sido solamente una forma de eludir la Ley 2051, de Contrataciones Públicas, que establece más exigencias para la entrega de fondos del Estado a una compañía.

Pozos no funcionan, pero Benítez lo niega

Tras el fallido allanamiento a Fucela, el Ministerio Público se comunicó por teléfono con el ingeniero Benítez, y este, posteriormente, se presentó en la sede fiscal de Delitos Económicos para hacer su descargo, aunque no entregó documento alguno y se limitó a prometer que lo haría el lunes próximo.

En conversación con ABC, dijo que Fucela tenía local, pero que tuvo que dejarlo porque ya no pudo pagar el alquiler. También aseguró que los sistemas de agua potable sí funcionan en Horqueta y que los pobladores mienten. No supo dar una explicación creíble de por qué no funcionaban los sistemas el día que la fiscalía allanó las obras.

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