La misión técnica, que finalizó su visita al país el último viernes, señala en su informe preliminar que “a fin de dotar de más credibilidad al ancla fiscal, sería conveniente modificar las evaluaciones de cumplimiento de la LRF, para que abarquen tanto la etapa de ejecución como de aprobación del presupuesto”.
Sostiene que “las autoridades deberían reforzar el proceso presupuestario, por ejemplo, con reglas de procedimiento que exijan que toda enmienda vaya acompañada de una medida compensatoria que proteja la dotación presupuestaria dada”.
El tema guarda relación a que se respete el tope de déficit fiscal –de 1,5% del producto interno bruto (PIB)–, desde la aprobación del proyecto de presupuesto hasta la ejecución final al cierre del ejercicio, de tal modo a evitar que el proyecto se infle durante su estudio en el Congreso, como ocurre generalmente.
Además, en caso de un aumento debería contemplarse el financiamiento correspondiente. El presupuesto 2016, que sigue vigente porque el Ejecutivo vetó el proyecto de presupuesto 2017, arrancó con déficit de 2,8% y durante su ejecución se tiene que ir ajustando, para culminar el año dentro del límite fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, tal como sucedió el ejercicio pasado.
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La misión técnica, sin embargo, en su informe preliminar no hace mención a la necesidad de modificar la referida ley para darle mayor flexibilidad, como lo pretende el Ministerio de Hacienda, y más bien enfatiza que esperan que se cumpla con la normativa. De hecho, el año pasado, cuando se había planteado el tema, el organismo internacional se mostró en contra de la modificación y a favor de que primero se consolide la actual ley de responsabilidad.
Esta misma postura fue compartida por analistas económicos, gremios empresariales y la ciudadanía, por el elevado nivel de endeudamiento con este Gobierno.
Hacienda, con asesoramiento del exministro de Hacienda chileno Felipe Larraín, volvió este año a poner en la agenda la modificación de la LRF para elevar el tope de déficit a 2,5% del PIB, que implica aumentar el endeudamiento anual, con argumento de posibilitar mayor inversión en infraestructura.