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El gremio señala que con el último incremento otorgado a los 2.123 funcionarios, el Estado habrá destinado el referido monto para el pago de salarios, utilizando la base de subas en promedio expuesta en publicaciones periodísticas. “El monto es cercano a lo que Paraguay viene invirtiendo en promedio y en un año fiscal, en proyectos de obras públicas, pero con recursos captados de los bonos soberanos”, afirma.
Explica que a diferencia de otros gastos públicos, un aumento salarial no puede ser recortado ni modificado, convirtiéndose en un gasto permanente para las finanzas públicas. “El promedio de incremento salarial ilegítimo es de G. 4.300.000 para cada uno de los más de 2.000 funcionarios privilegiados, totalizando unos US$ 20 millones adicionales al año que necesariamente deberán cubrirse con ingresos provenientes de impuestos”, sostiene.
A criterio de la cámara, una suba salarial debería estar atada a recursos disponibles, que en el caso de Paraguay no existe porque los ingresos tributarios ya se encuentran casi en su totalidad comprometidos por el mismo concepto.