Las empresas de seguridad privada se disputan un contrato por tres años con la ANDE para la vigilancia en sus diferentes oficinas y locales diseminados por todo el país. La convocatoria se distribuye en ocho lotes (ver cuadro), que corresponden a diferentes zonas.
Según informaron en la ANDE, actualmente el proceso se encuentra en plena etapa de evaluación, por lo que aún no existe ninguna resolución al respecto.
De acuerdo con el acta de apertura, solo dos empresas ofertaron para los ocho lotes, la empresa Tapití SRL, representada legalmente por el subcomisario retirado Vidal Machado, hermano del excomandante Viviano Machado, y el Consorcio Grupo Sevipar, representado por el militar retirado Alfonso Mauricio Jacobo Ríos.
Las demás empresas que ofertaron en diferentes lotes fueron la Organización Watchman SRL, representada legalmente por Jorge Miguel Palumbo Chamorro; la empresa SST (Security Service Tecnology S.A), representada legalmente por Juan Antonio Guerrero; y Sheriff Security, representada legalmente por Juan Carlos López Delvalle.
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Disputa entre firmas
Según trascendió, se desató una fuerte puja, sobre todo en los lotes 1, 2, 4, 7 y 8; precisamente en los que Tapití SRL presentó una oferta superior a las arrimadas por las demás competidoras, específicamente SST y Watchman, que estarían vinculadas con el exdiputado colorado José Chamorro. La información que se maneja es que los hermanos Machado estarían presionando para dejar de lado a las citadas empresas y quedarse así con el total de los ítems ofertados, pese a que en la sumatoria total, sus ofertas suman G. 3.328 millones más que las de los demás proponentes.
Denuncia desestimada
Las dos empresas vinculadas a Chamorro fueron denunciadas a través del portal de la DNCP, en la que señalaron, entre otras cosas, que la firma SST se encuentra intervenida por la Contraloría y cuenta con diversos sumarios abiertos por el Ministerio de Trabajo por incumplir el Código Laboral. Asimismo, se remitieron los antecedentes de la firma Watchman SRL para que sea estudiada su conducta.
Finalmente, para la DNCP “la cuestión denunciada no amerita una investigación de oficio” por lo que dispuso el cierre de la investigación abierta en este caso.