Funcionarios de Petropar se jactan de sus “derechos adquiridos”

Antes que analizar el enorme foco de infección moral que constituye la millonaria sangría que les propinan a las arcas del Estado y la abierta violación de la Constitución Nacional y de las leyes, los funcionarios de la petrolera estatal solo están preocupados por saber quién “sopló” la información y “quién fue capaz de patear por su propia olla”. La extensa discusión se centró en la defensa de sus “derechos adquiridos”, a través de un cuestionado contrato colectivo, el mismo que les permitió autopremiarse con millonarias cifras el fin de año último, además de asegurar que nadie puede tocar sus “derechos adquiridos”.

También se cruzaron en acusaciones, en un intento por descifrar “quien sopló el dato”, ya que no se “puede patear contra la propia olla”.

Esta exoneración del pago obligatorio del aporte jubilatorio a IPS por parte de los funcionarios, implica que la estatal absorbe tanto el 9% que debería abonar el empleado, así como el 16,5% que le corresponde pagar a la patronal. Este hecho fue uno de los secretos mejor guardados en el ente, ya que todos se beneficiaban de la situación, no solo empleados, sino también los principales administradores de turno.

Este irritante privilegio se mantiene en la petrolera casi desde su misma creación, ya que empezó a regir desde 1982, un año después de la ley que aprobó la creación de la entidad, tras la desaparición de la nefasta Repsa, que no solo transfirió su impronta de ineficiencia a la entonces nueva Petropar, sino también sus graves vicios de corrupción.

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