En la misma semana en la que se produjo la visita del presidente de la República, Horacio Cartes, a la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI), el directorio ejecutivo de la entidad aprobó acuerdos y proyectos, en diferentes frentes, por un total de G. 31.212 millones (unos US$ 5 millones al cambio actual). Cartes acudió a la CHI acompañado de su principal asesor político, Darío Filártiga, quien participó de la reunión que mantuvo el Mandatario con los directores y consejeros de Itaipú.
De acuerdo a la información de la propia binacional, los proyectos aprobados la semana pasada serán ejecutados en el marco de los denominados “gastos de responsabilidad socioambiental”, cuya legalidad es objetada por ampararse en una nota reversal que no cuenta con aprobación parlamentaria. Al respecto, el general retirado Juan Antonio Pozzo, investigador y autor de varios libros sobre Itaipú, advirtió que la utilización de dichos recursos no es parte de la misión de la hidroeléctrica que se construyó para generar energía limpia y barata que ayude al desarrollo de ambos países.
“Itaipú, mediante los gobiernos socios corruptos, en vez de dedicarse a producir energía como lo establece su misión institucional, inventa lucros ilegales para presuntos gastos sociales que son de responsabilidad estatal”, afirmó Pozzo. Agregó que “así empoderado, se manipulan elecciones políticas y jueces venales orientados a servir intereses políticos”.
Por su parte, el ingeniero Germán Escauriza, exasesor de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH), recordó que los denominados “gastos sociales”, ejecutados por los directores de las dos binacionales, Ángel Recalde en Yacyretá y James Spalding en Itaipú, con el consentimiento del canciller Eladio Loizaga y bajo la orden del presidente Horacio Cartes, no integran el derecho positivo paraguayo, por consiguiente, no tienen sustento legal.
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“Los funcionarios nombrados por el estado paraguayo para administrar las entidades binacionales Yacyretá e Itaipú están afectados por el derecho administrativo y el derecho internacional público. En dichas normas jurídicas, lo que no está autorizado por ley, está prohibido”, indicó el Ing. Escauriza.
La creación de los denominados “gastos sociales” se ampara en la Nota Revesal N° 1 del 31 de marzo de 2005, que modifica el objeto de Itaipú Binacional; pero dicho documento no fue ratificado por el Congreso Nacional, por consiguiente, no forma parte del marco legal vigente.
La “caja chica” del Gobierno
Para el general Pozzo, hay dos cosas que Itaipú no puede justificar: los gastos sociales y el origen de los mismos. “Hay una nota reversal no ratificada por el Congreso y entonces, no puede entrar en el Tratado como una misión adicional de Itaipú”, señaló.
Agregó que “tampoco pueden justificar el dinero que se genera por la energía adicional. Es un dinero que administran los directores y presidentes de turno en cada lado; es un dinero sin control y de ahí surgen los gastos sociales”. Añadió que disponer de fondos no contemplados en el Tratado, ni controlados por el Congreso ni la Contraloría, permite contratar a firmas amigas y potenciar grupos políticos afines.