En teoría debieron conformar grupos de trabajo que debían realizar un repaso periódico de cada uno de los puntos en coordinación con las cancillerías de ambos países. Sin embargo pasaron siete años y tres gobiernos sin que se produjeran avances significativos en los mismos, salvo el incremento sostenido en los ingresos de los funcionarios, quienes nada tienen que envidiar a ejecutivos del primer mundo debido a sus elevados salarios.
Si bien las actuales autoridades de Itaipú Binacional, encabezadas por su director general James Spalding se jactan del plan de racionalización de gastos y la reorientación de esos recursos para los denominados gastos socioambientales, en términos de la reivindicación de los derechos de nuestro país, como el de disponer libremente de su energía, no se observan logros significativos.
Según los informes de prensa que periódicamente remiten desde la entidad binacional, en los últimos años estuvieron más concentrados en resaltar las acciones de carácter social que no tienen ninguna relación con los fines de la hidroeléctrica establecidos en el tratado.
Entre las obras están la construcción del complejo habitacional San Francisco, la mecanización de suelos en Caaguazú, alcantarillado y agua potable, así como acciones para lograr la recuperación del Lago Ypacaraí.
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