La aprobación del impuesto del 15% a la exportación de granos en estado natural, que será tratado hoy en el Senado, es una nueva condición que pusieron anoche las organizaciones campesinas que se manifiestan desde hace 20 días en Asunción, exigiendo la condonación de todas las deudas de los pequeños productores. El anuncio fue hecho por Luis Aguayo, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), quien fue uno de los oradores en el acto de anoche en la plaza adyacente al Congreso, que en principio fue convocado como reunión de prensa.
Otra exigencia que agregaron para seguir las negociaciones con el Gobierno es que se reinicie la mesa de diálogo con los tres poderes del Estado, que había quedado suspendida, según lo dijo el mismo Aguayo, quien habló de que hoy proseguirán las marchas por la ciudad, unidos nuevamente con los cooperativistas y aseguró que no irán a sus casas con las manos vacías.
Aguayo admitió que recibieron una propuesta del Gobierno, pero que lo analizaron y rechazaron, e hicieron una contrapropuesta.
Volverán a convocar
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Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, anunció anoche que volverán a convocar a los campesinos ni bien tengan un dictamen técnico sobre la contrapropuesta presentada por estos a la oferta del Gobierno. Fue tras la segunda reunión de ayer con los pequeños productores en Mburuvicha Róga.
Baruja dijo que están “avanzando positivamente” y que tienen confianza en llegar a un acuerdo. El ministro se excusó en informar del contenido tanto de la oferta del Gobierno como de los campesinos, porque hubo un compromiso de las partes de no difundirlos para evitar entorpecimientos de las negociaciones. Sin embargo, una hora antes, ya el presidente Horacio Cartes había entregado a la prensa la propuesta del Gobierno, poco antes de partir desde el espigón presidencial del aeropuerto Silvio Pettirossi rumbo a Estados Unidos.
Las concesiones
Según la propuesta del Gobierno, cuya copia entregó Cartes, en primer lugar se ofrecía, “en relación a los créditos vencidos de los productores”, que los mismos “serán reestructurados y objeto de nuevos apoyos”.
Además, el Poder Ejecutivo se iba a comprometer, juntamente con el Banco Nacional de Fomento (BNF), a que esta entidad “pueda realizar operaciones de compra de deudas pertenecientes a pequeños productores que operan en el sistema financiero”. Esto significaba que el Estado se iba a responsabilizar incluso de las deudas que tienen los labriegos con bancos u otras entidades privadas, a fin de pasarlo al BNF y negociar al respecto ya en otro plano con los productores deudores.
Para ello, incluso se iba a recurrir a medidas del Banco Central del Paraguay (BCP) para facilitar las operaciones. Al mismo tiempo, el Gobierno prometía una mayor capitalización del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Fondo Ganadero (FG) para reforzar el apoyo financiero al campo e impulsar su recuperación.
Además, entre otras cosas, se hablaba de la posibilidad de dar mayor prioridad a la asistencia técnica estatal a la agricultura familiar. La dirigencia campesina, por su parte, no reveló el contenido de su contrapropuesta.