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La privatización de Acepar sigue guardando, 13 años después, muchos secretos. Hoy que su suerte se ha vuelto de nuevo incierta, uno de los principales protagonistas de esa historia, el sindicalista Hugo González Chirico, revela una serie de datos en un libro que escribió sobre el tema.
Una de las revelaciones más sorprendentes que hace el titular de la Cooperativa de Trabajadores de Acepar (Cootrapar), Hugo González Chirico, en un libro publicado recientemente, es que desde el principio afrontaron la privatización de la siderúrgica sin dinero alguno.
Los detalles de su testimonio aparecen, de forma algo desordenada pero con mucha claridad, en el libro "Memorias de Lucha Sitrac-Cootrapar", que presentó el jueves pasado en la Sala Bicameral del Congreso.
La historia oficial dice que Acepar fue construida en tiempos de la dictadura con una desproporcionada inversión de US$ 480 millones, mediante créditos aportados por el Brasil y que finalmente, ya en pleno proceso democrático, fueron saldados con US$ 105 millones en una operación financiera en la que se utilizaron títulos de la deuda externa brasileña.
Finalmente, el 10 de noviembre de 1997, el Estado vendió Acepar al Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar), integrado en un 66,66% por Cerro Lorito SA y en un 33,33% por Cootrapar, fijándose un precio de US$ 35 millones, pagaderos en un plazo que se extendía hasta finales de 2009.
En el texto, González Chirico asegura que los líderes sindicales comenzaron a pensar en la posibilidad de comprar la fábrica ya en 1991, tras la promulgación de la Ley 126/91 (De privatización de empresas públicas), que afectaba a LAPSA, Flomeparsa, Capasa, Ferrocarril Central y Acepar.
Con dinero y sin dinero
"El principal empeño era demostrarnos a nosotros mismos que el negocio era factible y que Acepar (...) estaba bien y no hacía falta plata para hacerla funcionar. Yo sabía eso", dice González Chirico al relatar los inicios de su idea privatista.
Agrega que también "sabía que en ninguna de las privatizaciones que se hicieron se puso dinero; que eran arreglos documentales entre socios y cuates que se alzaban con las empresas estratégicas de nuestros países y que, por alguna razón, mucha plata en esos arreglos no existía. Eran asuntos de acciones en papeles, de transacciones y de un poco más de lo mismo...".
Refiere luego en varios capítulos del libro los pormenores de la lucha sindical que debieron afrontar contra varios administradores estatales de la acería, que según él, trataban de debilitar el plan de los obreros.
Sin embargo, "nadie nos podía vender cuentos. Con esto (se refiere a datos que tenían sobre el funcionamiento de la fábrica) planificamos la idea más grande, que fue la de comprar Acepar sin tener dinero", aunque más adelante afirma que hacia 1996 habían logrado reunir "de distintas formas" unos 300.000 dólares, suma que a todas luces seguía siendo insuficiente.
González Chirico llama a esto "un juego de apariencias", alegando que tenían en claro que iban a comprar Acepar del mismo modo en que compran los demás, porque "las privatizaciones nunca se hicieron con plata".
Hoy, la pregunta que deberíamos hacernos todos es si cuánto ha perdido el Estado en ese extraño juego.
La situación actual
El Gobierno demandó el 9 de noviembre de 2009, un día antes de que se completara el proceso de privatización, la rescisión del contrato de compraventa de Acepar, asunto que hoy está a la espera de la instalación del tribunal arbitral.
Los últimos informes indican que todo está pendiente de unos trámites burocráticos que impone la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) antes de ponerse en marcha el trabajo de los jueces designados, que en este caso son el titular de la Corte Suprema, Antonio Fretes (por disposición de la Ley 1037/97), y los doctores José A. Moreno Ruffinelli (designado por el consorcio comprador Cosipar) y Julio E. Jiménez Balbiani (nominado por el Estado).
Una de las revelaciones más sorprendentes que hace el titular de la Cooperativa de Trabajadores de Acepar (Cootrapar), Hugo González Chirico, en un libro publicado recientemente, es que desde el principio afrontaron la privatización de la siderúrgica sin dinero alguno.
Los detalles de su testimonio aparecen, de forma algo desordenada pero con mucha claridad, en el libro "Memorias de Lucha Sitrac-Cootrapar", que presentó el jueves pasado en la Sala Bicameral del Congreso.
La historia oficial dice que Acepar fue construida en tiempos de la dictadura con una desproporcionada inversión de US$ 480 millones, mediante créditos aportados por el Brasil y que finalmente, ya en pleno proceso democrático, fueron saldados con US$ 105 millones en una operación financiera en la que se utilizaron títulos de la deuda externa brasileña.
Finalmente, el 10 de noviembre de 1997, el Estado vendió Acepar al Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar), integrado en un 66,66% por Cerro Lorito SA y en un 33,33% por Cootrapar, fijándose un precio de US$ 35 millones, pagaderos en un plazo que se extendía hasta finales de 2009.
En el texto, González Chirico asegura que los líderes sindicales comenzaron a pensar en la posibilidad de comprar la fábrica ya en 1991, tras la promulgación de la Ley 126/91 (De privatización de empresas públicas), que afectaba a LAPSA, Flomeparsa, Capasa, Ferrocarril Central y Acepar.
Con dinero y sin dinero
"El principal empeño era demostrarnos a nosotros mismos que el negocio era factible y que Acepar (...) estaba bien y no hacía falta plata para hacerla funcionar. Yo sabía eso", dice González Chirico al relatar los inicios de su idea privatista.
Agrega que también "sabía que en ninguna de las privatizaciones que se hicieron se puso dinero; que eran arreglos documentales entre socios y cuates que se alzaban con las empresas estratégicas de nuestros países y que, por alguna razón, mucha plata en esos arreglos no existía. Eran asuntos de acciones en papeles, de transacciones y de un poco más de lo mismo...".
Refiere luego en varios capítulos del libro los pormenores de la lucha sindical que debieron afrontar contra varios administradores estatales de la acería, que según él, trataban de debilitar el plan de los obreros.
Sin embargo, "nadie nos podía vender cuentos. Con esto (se refiere a datos que tenían sobre el funcionamiento de la fábrica) planificamos la idea más grande, que fue la de comprar Acepar sin tener dinero", aunque más adelante afirma que hacia 1996 habían logrado reunir "de distintas formas" unos 300.000 dólares, suma que a todas luces seguía siendo insuficiente.
González Chirico llama a esto "un juego de apariencias", alegando que tenían en claro que iban a comprar Acepar del mismo modo en que compran los demás, porque "las privatizaciones nunca se hicieron con plata".
Hoy, la pregunta que deberíamos hacernos todos es si cuánto ha perdido el Estado en ese extraño juego.
La situación actual
El Gobierno demandó el 9 de noviembre de 2009, un día antes de que se completara el proceso de privatización, la rescisión del contrato de compraventa de Acepar, asunto que hoy está a la espera de la instalación del tribunal arbitral.
Los últimos informes indican que todo está pendiente de unos trámites burocráticos que impone la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) antes de ponerse en marcha el trabajo de los jueces designados, que en este caso son el titular de la Corte Suprema, Antonio Fretes (por disposición de la Ley 1037/97), y los doctores José A. Moreno Ruffinelli (designado por el consorcio comprador Cosipar) y Julio E. Jiménez Balbiani (nominado por el Estado).