La presidenta del Consejo Profesional del Colegio de Contadores del Paraguay, Alba Talavera, señaló ayer que los gremios se unen para lograr la derogación del Decreto 6560/16, que modifica la reglamentación del IRP porque atenta contra disposiciones establecidas en la Constitución Nacional.
Sostuvo que se solicita a las autoridades la derogación del citado decreto y de la resolución de la SET, de tal modo a iniciar una discusión sobre la necesidad modificar la legislación mediante un proyecto de ley a ser remitido al Congreso.
En ese contexto de unidad de acción, esta mañana el Colegio de Contadores, el Consejo de Contadores Públicos y la Asociación de Egresados de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) darán a conocer una postura conjunta y las acciones que llevarán a cabo.
A su vez, la abogada tributarista Nora Ruoti a través de las redes sociales instaló la “campaña por el respeto a la ley del IRP y al contribuyente”.
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En el espacio explica cómo se modifica por decreto del Ejecutivo y una resolución de la SET, la ley del IRP aprobada por el Congreso.
Ruoti insiste en que se viola la ley y la Constitución con las nuevas disposiciones puestas en vigencia, dando algunos ejemplos sobre el tema: como la imposibilidad de realizar inversiones que arrojen pérdida fiscal aunque estas se encuentren relacionadas directamente a la profesión u oficio, salvo que se realice con “dinero prestado en el ejercicio fiscal que se liquida”; y la sustitución del impuesto a la renta por un impuesto a las ventas de inmuebles del 3% directo, excluido el IVA, aplicable sobre el valor de dicha venta.
Los gremios empresariales, por su parte, planean llevar adelante una “firmatón” en contra de la nueva reglamentación del IRP, según adelantó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Beltrán Macchi.
Este indicó que se está preparando para ir en contra de las disposiciones establecidas por el Gobierno por decreto, violando la Constitución Nacional, que tendrá como consecuencias la caída de las inversiones por el cambio de las reglas de juego de manera ilegal e inapropiada.
Tanto los empresarios como los profesionales ya adelantaron que si no se deroga el decreto, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la inconstitucionalidad de la normativa.
El Decreto 6560 entró a regir el 23 de diciembre de 2016, modificando la reglamentación que estaba vigente desde 2012; y la Resolución General 104 de la SET, se puso a regir el 29 de diciembre, a poco de finalizar el ejercicio fiscal.