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“Pareciera que a nadie le interesa. Es como si no se dimensionara lo que está pasando”, se quejó el agente del Ministerio Público al referirse a la tensa situación que se registra en Guahory y sus colindantes, San Sebastián y Santa Silvia, que son colonias del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Según señaló el fiscal, esta zona del país es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar si no se llega a una solución. Dijo que desde el Gobierno deberían realizar un trabajo preventivo, ya que la institución a su cargo realiza la investigación de hechos denunciados por las partes en conflicto, mientras que en el lugar hace falta adelantarse a posibles atentados o enfrentamientos.
Precisamente, el fin de semana se registraron denuncias desde el sector de los campesinos así como del lado de los propietarios de los inmuebles. Los labriegos dijeron que sufrieron la represión por parte de la Policía Antimotines, que llegó el sábado con carro hidrante y armas de grueso calibre hasta la escuela donde las familias se asientan, a partir del desalojo que sufrieran semanas atrás. En el sitio amenazaron con desalojar a las personas y hasta con quemar la institución educativa.
Ese mismo día, pero en horas de la tarde, los dueños de los lotes en disputa denunciaron que hubo un atentado. Específicamente hablan de que un grupo de campesinos habría salido desde la zona boscosa y que comenzó a disparar a quemarropa contra operarios de tractores que estaban sembrando en la propiedad del colono Jair Weber.
“Los colonos dicen que se están preparando para defenderse si vuelve a ocurrir algo así, y eso es peligroso”, señaló al respecto el fiscal Rodríguez.
“Va a correr sangre”
En conversación con ABC, Weber indicó por su parte que si no hay una solución a este conflicto “va a correr sangre”, pues los colonos de la zona planean entrar a cosechar con personales armados que responderán a cualquier ataque que pudieran recibir.
“Rompieron vidrios de los tractores y una bala llegó al brazo de un operario. Fueron varios disparos con rifle y escopeta. Nosotros nos retiramos para no crear más conflicto”, relató el colono.
A partir de la denuncia de este hecho ante la fiscalía se libró orden de captura contra los sindicatos como supuestos autores: Miguel Velázquez, Antonio Velázquez, Silvano Guerreño, Andrés Brizuela y Julián Torres.
Brizuela, uno de los voceros de los campesinos, afirmó ayer al respecto que se trata de una persecución con el único fin de amedrentar y desalentarles.
No tiene sentido
El referente de los labriegos afirmó que lo denunciado por Weber parece más bien un “autogolpe”, considerando que “no tiene sentido” la teoría de que los campesinos anden con armas en mano, en una zona custodiada desde hace semanas por más de 200 efectivos policiales, que se instalaron en varios puestos y realizan permanentes controles.
“Están imputadas personas inocentes y esta es una forma de intentar que nos callemos. ¿Cómo eso va a pasar si la Policía está custodiando todo el día? No coincide con la realidad. Están plantando evidencia”, aseveró.
Según los datos, los campesinos cuestionan que la mayoría de los títulos sobre las tierras fueron otorgados ilegalmente (ver cuadro). Precisamente, la abogada de los labriegos, Mirian Cristaldo, contó que un funcionario del Indert, Armando Díaz Solís, adjudicó lotes a miembros de su familia, quienes posteriormente los revendieron a Weber. El colono negó tal hecho, pero Cristaldo mostró los documentos que demuestran eso.