La cartera fiscal, a través de la Resolución N° 143, dispuso el procedimiento de liquidación y pago de salario a funcionarios que han tenido supresiones, modificaciones o aumentos de cargos, categorías y asignaciones en las líneas del anexo de personal del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019.

El Ministerio de Hacienda, según la referida normativa, “iniciará de oficio las adecuaciones del Anexo de Personal, por las vías legales correspondientes, para aquellos casos que no hayan sido debidamente justificados”. Sólo a beneficiados por medidas judiciales que obligan a crear categorías para reponer a funcionarios y en casos de quienes efectivamente hicieron concursos, más los del Congreso, que tiene autonomía en su manejo presupuestario, no serán modificados los aumentos.

El viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, aseguró ayer que son mínimos los que están en este grupo, ya que el grueso de los funcionarios tendrán cero incremento.

De acuerdo con los datos de la cartera fiscal, la suba salarial “mau” incluida por el Congreso benefició a 2.123 funcionarios permanentes, principalmente del área administrativa, de 36 entidades componentes del Ejecutivo y el Legislativo.

Llamosas adelantó que la próxima semana ya estarían enviando al Congreso el proyecto de ley para anular los aumentos, de tal modo a tener ya una solución legal.

En contrapartida, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) los funcionarios beneficiados con los “aumentazos” pidieron una reconsideración para evitar los recortes.

El grupo, compuesto de 16 personas, solicitó la medida al ministro de Agricultura, Denis Lichi, y en una nota presentada por medio de abogados alegan que las resoluciones que eliminan los beneficios que habían recibido son inconstitucionales, ilegales y arbitrarias, “por lo que se impone la inmediata revocatoria”.

La reconsideración es para confirmar las categorías para el ejercicio 2019, conforme a la Ley 6258/19 de presupuesto y el anexo 34.

Los funcionarios exigen que se establezca la vigencia desde el 1 de enero de este año, y dejar sin efecto la Resolución 112 del MAG. “Una resolución administrativa no puede derogar, modificar o dejar sin efecto la Ley de Presupuesto General de la Nación”, afirma el grupo de funcionarios de Agricultura. En esta entidad, precisamente, fue donde salió a luz el primer caso tras declaraciones de sindicalistas que afirmaron que aprovecharon la coyuntura política para obtener los incrementos en cuestión en el Congreso.

Hasta que haya una ley

Hacienda estableció cuatro criterios para pagar niveles salariales de 2018 a los 2.123 funcionarios que se beneficiaron con los aumentos “mau” (ver infografía). Estos procedimientos administrativos permanecerán vigentes hasta tanto se realicen los ajustes respectivos en el “Anexo de Personal del PGN 2019”, por las vías legales correspondientes.

El anexo es donde se establecen categorías y nivel salarial de los funcionarios y este fue modificado en el Congreso durante el estudio del proyecto de ley de presupuesto 2019. Según se maneja, se obtuvo por “gestión personal” de los funcionarios o sindicalistas o por ser parte de la clientela política.