La cartera señala que el referido instrumento servirá de marco de referencia para la programación de caja y las instituciones no podrán asumir compromisos por encima del tope o contraer obligaciones superiores a las cuotas asignadas, con excepción de las situaciones de emergencia.

Explica también que en términos globales representa el 98% del Presupuesto General de la Nación vigente para el presente ejercicio fiscal 2017.

La cartera puntualiza que se priorizan todas las previsiones necesarias para que las entidades puedan hacer frente a los gastos rígidos (salarios, deuda y transferencias a jubilados y pensionados) y a la cobertura de los gastos fundamentales en materia social, tales como la compra de medicamentos, alimentos, pensión de adultos mayores, transferencias a las familias de Tekoporã y subsidio habitacional, entre otros.

Además, se procedió a aplicar medidas de racionalización del gasto clasificado en el presupuesto como “Otros Servicios en General”, en el concepto de servicios de catering.

En este contexto, las autoridades de Hacienda habían adelantado que en servicio de catering (alimentos, bocaditos y bebidas) se limitaría el gasto a no más de G. 500 millones anuales, en tanto lo que se refiere a seguro médico sería hasta G. 1.500.000 (US$ 262) por funcionario, aunque sobre este último caso no menciona el informe oficial.

El presupuesto vigente, que es el mismo del año pasado luego del veto aplicado al plan aprobado por el Congreso, ascendería a unos G. 68 billones (US$ 12.208 millones al cambio actual), que incluyen ampliaciones presupuestarias.