Hacienda defendió ante empresarios reformas para el BNF y las pensiones

Hay algunas reformas que impulsa el Gobierno, como la modificación de la normativa que rige el BNF y la creación de una Superintendencia de Pensiones, a los que no hay que temer, de acuerdo a lo que dijo Peña en la noche del martes en la conferencia de la organización “Desarrollo en Democracia”, donde previamente se habían enumerado algunas medidas oficiales calificadas de populistas, como la ley que limita las tasas de interés en tarjetas de crédito y la decisión de transferir al Banco de Fomento los fondos públicos depositados hoy en bancos privados.

“Lo que queremos es que el BNF sea una herramienta para responder a la necesidad de créditos que tienen segmentos a los cuales el sistema financiero no va a ir”, por motivos de negocios valederos, sostuvo Peña, asegurando que no va a convertirse en una competencia para la banca privada, como puede temerse.

Sobre este tema, preguntado ayer el titular del Banco Fomento, Carlos Pereira, dijo que la reforma más decisiva en cuanto a créditos va a ser la posibilidad de que la entidad otorgue préstamos sin una garantía real, es decir se va a flexibilizar las condiciones a fin de apoyar el emprendedurismo, de los jóvenes principalmente, que necesitan “un primer empujón financiero” para poder trabajar por su cuenta tras formarse en las universidades o en carreras técnicas.

Explicó que el proyecto de ley respectivo fue aprobado inicialmente en Senado, pasó a Diputados, que aprobó con modificaciones, por lo que volvió a la Cámara Alta, que ahora debe tratarlo de nuevo. Reformas solicitadas

Peña fue invitado a hablar tras una serie de exposiciones sobre la situación de la economía mundial, regional y nacional por parte de los exministros de Hacienda Manuel Ferreira y César Barreto, con la coordinación de Alberto Acosta Garbarino, quien en nombre de Dende expuso algunas de las reformas a las que aspira el sector privado para mejorar las perspectivas económicas del país. Para el largo plazo piden “reformas estructurales” y del Poder Judicial, el sistema de seguridad social y las empresas públicas. A corto plazo, “racionalidad política” para optimizar el gasto público corriente, aumentar la inversión pública y controlar el déficit fiscal y el endeudamiento del Estado.