La nota ministerial señala que “entre los puntos acordados se ha decidido la exclusión de los límites máximos establecidos para las inversiones como porcentaje del Fondo respectivo, incluida la eliminación de los límites establecidos para los préstamos de las Cajas a sus afiliados, conservándose los aspectos relevantes que deben observar las inversiones, bajo criterios de adecuada rentabilidad y bajo nivel de riesgo”.
Se incluyen también observaciones de gremios de empleadores respecto a las facultades de supervisión y en ese sentido el Ministerio comunica que hay consenso en “crear un consejo consultivo que atenderá con carácter previo las propuestas atinentes a la regulación, posibilitando de esta manera consultas anticipadas a los actores involucrados”.
Además, se informa al Senado que “se acordó que el plazo de transición de la legislación sea de 36 meses”, porque el sector privado reclama “mayor gradualidad para el proceso de adecuación a la normativa” en cuestión.
La nota firmada por Llamosas recoge asimismo una observación hecha por el Banco Central del Paraguay (BCP), que “ha sugerido ajustes mínimos en materia de calificaciones de los instrumentos emitidos por los bancos y las financieras, de acuerdo a las nomenclaturas establecidas al respecto”.
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Este proyecto de ley ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y ha pasado al Senado para su estudio. La oposición más fuerte proviene de sectores sindicales y diversos gremios de jubilados.