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El viceministro sostiene que las críticas en contra del proyecto de ley que “Crea el Consejo Asesor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y Establece Normas de Inversión del Sistema de Jubilaciones y Pensiones”, y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, son emitidas en general “por desconocimiento”.
Justamente por eso, según él, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, ya se puso a disposición de los legisladores y de todos los sectores para conversar sobre el alcance de la normativa en estudio y aclarar todo, para avanzar en la aprobación de este importante proyecto.
El viceministro precisó que dicha charla se puede realizar dentro del ámbito de la Cámara de Senadores, en donde deberá ser definido ahora el tema, y que no hace falta volver a foja cero para elaborar un nuevo proyecto como se propone desde el sector privado.
“Tenemos un buen proyecto entre manos y está la apertura para ajustar”, indicó Colmán cuando fue consultado por ABC Color sobre la tajante postura en contra asumida por empresarios y sindicalistas en la reunión llevada a cabo el lunes último en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
Piden rechazar
Los empresarios y sindicalistas se reunieron conjuntamente y emplazaron al Senado por 8 días para rechazar el proyecto -que tiene media sanción-, y dijeron que en caso contrario iniciarán movilizaciones, huelgas y paros como medida de protesta.
Los referidos sectores alegan que el proyecto del Ejecutivo quita autonomía a las cajas en cuanto al manejo de los recursos, la conformación de la Superintendencia de Pensiones y el Consejo Asesor, en donde no se garantiza la independencia, según indicaron en la reunión.
Es el mejor
Colmán asegura, sin embargo, que este plan ya aprobado en Diputados es el mejor que se tiene, pues toma en cuenta la experiencia internacional y se elaboró mediante un proceso de diálogo con el sector privado, aunque empresarios y sindicalistas lo quieran negar ahora, dijo.
A su criterio, el ente regulador no tendrá injerencia en la administración de las cajas ni se recortarán los beneficios que reciben los jubilados, como por ejemplo los préstamos.
Desde Hacienda hay apertura para trabajar sobre este planteamiento de ley, porque el proyecto alternativo que presentó el sector privado “nos parece muy vago, en el sentido de que incorpora muchas cuestiones dentro de un solo cuerpo legal”, tales como todo el sistema de seguridad social, pensiones no contributivas y demás, afirmó el viceministro.
Costo de mala administración
El Ministerio de Hacienda, través de un informe de prensa, señala que la superintendencia de pensiones es una regulación necesaria para evitar sucesos del pasado. “Sin una superintendencia es como jugar un partido de fútbol sin reglas”, indica la nota.
A modo de ejemplo de costos de la mala administración de las cajas, cita lo siguiente: a la Caja Bancaria el auxilio del Estado desde 2008 a 2017 llega a los US$ 17,8 millones; en lo de Cajubi su presidente reconoció un déficit de unos US$ 550 millones, como una de las consecuencias del vaciamiento entre 2007 y 2008; en el caso del IPS, la crisis bancaria en 1994 generó una pérdida de unos US$ 250 millones, debido a malas colocaciones en bancos que luego quebraron.